Pongamos fin a la impunidad, por Patricia Paniagua

En el último tiempo la palabra “impunidad” sintetiza y recoge, de modo muy preciso, una constante presente en todas las graves problemáticas a las que hacemos frente como país y que causan la angustiante situación que atravesamos.

Impunidad, como fenómeno estructural, que trasciende todo fondo jurídico referido a la falta de sanción frente a delitos cometidos y la afectación directa que esto causa a las víctimas, y que se extiende a las consecuencias que esta acarrea para la sociedad en su conjunto.

La impunidad tiene un impacto directo en el debilitamiento de la democracia, debido a que colisiona con la justicia y la paz que de ella se deriva. Además, impide que las “reglas del juego” se apliquen de igual modo entre iguales. Ello crea un margen que bloquea la sanción e impide disuadir las conductas delictivas, lo que abona a relativizarlas, y hasta normalizarlas de cara a la ciudadanía, cuya tolerancia se vuelve cada vez mayor frente a crímenes execrables.

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En nuestro país convivimos con la impunidad de un modo tan alarmante que está presente a todo nivel y orden.

La muerte de 50 compatriotas, a causa de la represión estatal, en las protestas contra el régimen actual y la imperturbabilidad con la que este se sostiene dan cuenta de ello. También lo hace el sinfín de denuncias contra la representación nacional. Sin contar con casos en el ámbito de lo regional, local y en diferentes instancias del Estado.

Del mismo modo, los procesos relacionados con grandes escándalos de corrupción o los tan sonados casos de lavado de activos, vinculados a organizaciones políticas. Lo hacen también los terribles crímenes contra niñas y mujeres, que se agudizan día con día, y que encuentran una respuesta indolente, tardía y lenta por parte del sistema. También, los causados por la inseguridad ciudadana. Robos, extorsión, sicariato, etc. que se cometen a diario en las calles y acumulan víctimas en todo nuestro país.

Sin perder de vista los crímenes a defensores ambientales ni los cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000) que esperan justicia y encuentran negacionismo y estigmatización. También, la impunidad de la desinformación, del negacionismo, del “terruqueo”, de la difamación, etc.

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Esta semana noticias como la inminente extradición de un expresidente, la captura de un feminicida en Colombia, una macroperación de incautación de bienes y la condena por el asesinato del periodista Bustíos dan un soplo de esperanza.

Todo esto debe llevarnos a una reflexión seria y a un firme compromiso ciudadano. La impunidad penal de la que gozan gran cantidad de criminales en nuestro país, que nos afecta a todos y contra la que debemos luchar, no puede traducirse en impunidad social.

Nuestro señalamiento, cero tolerancia e indignación son una sanción social que debemos imponer con firmeza. Los medios de comunicación tienen un importante rol en ello. Pongamos fin a la impunidad.