Lo mataron todos

A Santiago Contoricón no lo mataron solo los narcos.

Lo mató el Estado ausente, que no hizo nada pese a que los asháninkas alertaron en marzo que estaban recibiendo amenazas.

Lo mató la indiferencia del Ministerio del Interior, que, pese a más de 60 asesinatos de líderes ambientales en los últimos 10 años, aún no aprueba los lineamientos de actuación de protección de personas defensoras de derechos humanos.

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Lo mató el Congreso, que archivó dos veces el Acuerdo de Escazú, tirando al tacho el primer acuerdo internacional en el mundo que incluye disposiciones para proteger a los defensores ambientales.

Lo mataron los intereses regionales que se sumaron a la campaña de mentiras contra el Acuerdo de Escazú para proteger el avance de sus negocios vinculados al tráfico de tierras, cambio de uso de suelos y deforestación.

¡Y lo quieren seguir matando! Lo quiere volver a matar el Congreso con varios proyectos de ley que reducen la protección sobre los territorios amazónicos codiciados por los narcos, los madereros, los mineros ilegales y los traficantes de tierras. Por ejemplo, el Proyecto 3518 presentado por el fujimorista Morante para desconocer la protección a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. O el proyecto para modificar la Ley de Flora y Fauna Silvestre y legalizar el cambio de uso de tierras no autorizado con fines agropecuarios, es decir, ampliar el agronegocio a costa de deforestar la Amazonía.

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También lo quiere volver a matar el Serfor, que pretendía excluir las lomas de Carabayllo, Amancaes y Villa María del Triunfo de la lista de ecosistemas frágiles. Porque también en las ciudades los traficantes de tierras matan en su codicia, y la protección ambiental es una molestia para su negocio.

Todos los que siguen tratando de dejar desprotegidos a los territorios y a los líderes y lideresas que arriesgan su vida para preservar el ambiente son cómplices.