
El espectáculo es digno de nota. Manuel López Obrador ordenando a su canciller que movilice a sus cónsules en los EE. UU. en un lobby para evitar que prospere una propuesta republicana para declarar terroristas a los carteles mexicanos de la droga. López lo considera (la propuesta, no los cónsules) una intromisión en los asuntos de otro país.
La propuesta ha sido hecha por 21 fiscales de los EE. UU. luego del asesinato de dos ciudadanos estadounidenses cerca de la frontera, presumiblemente realizados por narcos de carteles. Para López es la oportunidad de vestir ropas nacionalistas frente a Washington, aunque estas parezcan un uniforme de gala del narcotráfico.
Ya era hora de que en los EE. UU. se advirtiera la identidad entre la violencia del narcotráfico y la práctica del terrorismo. Sus dos connacionales muertos en las inmediaciones de Matamoros no son las primeras víctimas, pero el momento preelectoral ha sido propicio para la propuesta desde el Partido Republicano yanqui.
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¿Y la defensa de López a sus narcos? ¿Es nacionalismo puro? ¿Maniobra política? ¿Lealtad a quienes nunca le impidieron realmente gobernar? ¿Defensa de la caja mexicana? ¿Cree realmente que no son terroristas? Es obvio que los cónsules fueron despachados por temor a una escalada intervencionista de Washington, previsible en tiempos preelectorales.
El de López no es un caso único. Es notoria la forma en que las diversas formas de crimen organizado violento han sido pasadas por agua tibia en el Perú. Llamar terroristas a los asesinos del Vraem y otros lugares aquí puede llegar a ser considerado el vilipendiado terruqueo. Nótese que nuestros policías no son estadounidenses.
En los EE. UU. no todos están de acuerdo con la propuesta de los fiscales republicanos. El gobierno demócrata afirma que hay en su país suficientes instrumentos para la lucha contra el narcotráfico. Un vocero informal del trumpismo lo considera un mero recurso retórico. Vemos, pues, que no todos entienden bien para qué serviría la medida.
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Las iras de López inevitablemente hacen pensar en la temida mexicanización de la política peruana. Un proceso que empieza con la circulación de dinero entre las autoridades de todo nivel, y que culmina con la instalación de un poder territorial criminal mediante la violencia. En el Perú hay más zonas que el Vraem avanzadas en ese camino.

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