La apariencia "golpista" del Congreso, por Omar Cairo

Por Omar Cairo. Magíster y profesor de Derecho Constitucional de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

Según una encuesta publicada recientemente, además de los presidentes de Colombia y México, más de la mitad de los peruanos creen que el Congreso separó a Pedro Castillo del gobierno mediante un golpe de Estado. Aunque parezca sorprendente, esta impresión equivocada fue provocada por el mismo Parlamento.

En la mañana del pasado 7 de diciembre, Castillo perpetró un golpe de Estado cuando, en un mensaje televisado, anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia (el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional), la instalación de un Gobierno de emergencia excepcional y la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes.

En ese momento, perdió la Presidencia Constitucional de la República: se había convertido en un gobernante usurpador a quien, por mandato del artículo 46 de la Constitución, nadie —ni civiles ni militares— debía obediencia.

PUEDES VER: Congreso: documento certifica que José Williams autorizó contrataciones cuestionadas

Inexplicablemente, en la tarde del mismo día, la Mesa Directiva del Parlamento propuso al Pleno que, ante la “flagrancia de los actos cometidos ese mismo día”, se declare la vacancia de Castillo (quien, en ese momento, ya no era presidente constitucional). Para debatir y votar “inmediatamente” esta insólita moción se requería del acuerdo de 104 congresistas, según lo dispuesto por el artículo 89-A del Reglamento del Congreso.

Pero, ignorando esta norma, fue aprobada “inmediatamente” con solo 101 votos. La sesión terminó con una fotografía que mostraba una imagen delirante: en el centro del hemiciclo, más de 20 parlamentarios festejaban ebrios de alegría. Estaban convencidos de que habían “destituido” a Pedro Castillo.

Por supuesto que no destituyeron a nadie. Pedro Castillo ya no era presidente constitucional de la república desde antes de que la moción de vacancia fuera presentada ante el Pleno. Sin embargo, en el sur andino y en otros lugares del país, la parodia parlamentaria generó la apariencia engañosa de que el Congreso le había arrebatado la presidencia para entregársela a Dina Boluarte. Por eso, uno de los reclamos iniciales planteados en las movilizaciones —que desde hace más de dos meses sacuden al país— fue la restitución de la presidencia a Pedro Castillo.

PUEDES VER: Congreso admite tercera moción de interpelación contra el ministro del Interior, Vicente Romero

En lugar de descalificar a todos los que protestaban (“¡vándalos!”, “¡azuzadores!”), era necesario realizar un esfuerzo de esclarecimiento. Aun cuando, para desmentir la injusta acusación de “golpismo” formulada contra el Congreso, resultara inevitable destacar que la fatuidad de la mayoría de los parlamentarios parecía no tener límites.

Lamentablemente, la opción gubernamental fue distinta: se decretó el estado de emergencia y se puso en marcha una represión que ha provocado la muerte de más de 50 compatriotas. Las responsabilidades políticas por esta masacre solo pueden hacerse efectivas durante este gobierno. Las responsabilidades penales, en cambio, son imprescriptibles.   

Mientras las protestas eran reprimidas, se reveló que, en los días de sesión plenaria, cada congresista recibía un almuerzo valorizado en más de 20 dólares. La indignación ciudadana surgió al instante, pero las explicaciones parlamentarias fueron obscenas. Un representante argumentó: “Alimentarse no es un gasto innecesario”. Otro, ante varios reporteros, vociferó exaltado: “¿Qué comen ustedes?, comida de tercera seguramente”.

PUEDES VER: Yenifer Paredes en su relato tras el autogolpe de Castillo: "Sabía que era la última vez que lo vería"

Este es el Parlamento que tenemos. Nuestros congresistas no solo se consideran titulares de la irreal atribución de “destituir” a expresidentes. También sienten que, a despecho del hambre de millones de hombres, mujeres y niños, almorzar “comida de primera” es un derecho parlamentario. Ya no es difícil entender porque son rechazados por el 90% de los peruanos.