Cuando el Derecho no es suficiente

Los abogados hemos sido formados para creer que el Derecho puede dar respuesta a casi todos los problemas. Nada más alejado de la realidad. Y hay coyunturas -como la reciente- que lo hacen más notorio y doloroso.

En las recientes protestas se rechaza la violencia empleada, pero ¿puede justificarse el uso desproporcionado de la fuerza que ha derivado en la muerte de casi 50 personas (desconociendo incluso los propios protocolos de las fuerzas del orden)? ¿El argumento de respuesta desde el Derecho es únicamente que se actúa conforme a los derechos humanos, y que las autoridades gubernamentales no tienen competencias o que la orden es de emplear armas no letales? ¿O que se está investigando y que el proceso penal tomará varios años? ¿Esa es la respuesta jurídica, sin ninguna mea culpa o asunción de responsabilidad (al menos política) que se espera que la ciudadanía acepte? El Derecho se muestra incluso menos útil cuando se imputan delitos que claramente no podrán acreditarse (como genocidio). O cuando se pretende dar autoría de las marchas al “terrorismo” o a gobiernos extranjeros, sin que haya ninguna prueba concreta de esta circunstancia. Ya sin mencionar cuando se pretende equiparar leer un libro a ser terrorista.

Cuando la ciudadanía expresa su rechazo a ambos poderes del Estado y exige “que se vayan todos”, ¿es posible solo contestar que la presidenta fue también elegida en la llamada “plancha presidencial” y que ha asumido conforme a la Constitución? ¿Y que el adelanto de elecciones para ser viable debe hacerse sí o sí en abril 2024 y no antes? ¿O que solo otra reforma de este Congreso -un intento más- nos dará mejores representantes?

Frente a la posible consulta sobre un cambio constitucional, se refiere a la ley aprobada por el Congreso que impide la posibilidad de convocar a un referéndum directo para una reforma constitucional. Entonces, ¿únicamente es posible señalar que otro mecanismo no está incluido en la Constitución, que indefectiblemente lo tiene que aprobar el Congreso y que, pese a sus pedidos, hay una ley que impide siquiera hacer la consulta vía referéndum?

La oposición a una nueva Constitución -impidiendo siquiera la consulta- contribuye a reforzar la idea -probablemente muy optimista- de que una nueva Constitución es justamente lo que se necesita para garantizar una vigencia efectiva de derechos para todos/as. Pero ¿la única respuesta debe ser evitar cualquier revisión por proteger el régimen económico y no proponer alternativas para un nuevo pacto que repiense los derechos o la interrelación entre las instituciones?

Quiero terminar aclarando que no creo que haya que desconocer el Derecho y actuar fuera de la institucionalidad, de los parámetros democráticos, la Constitución o los derechos humanos. Lo que quiero decir es que si no encontramos una forma en que la institucionalidad responda a las demandas ciudadanas -muchas plenamente legítimas- se considerará que la acción está completamente fuera del Derecho, con la violencia como único mecanismo.

Si no se reconocen mayores mecanismos para una real participación ciudadana, y se da al pueblo la agencia para ser un mediador, se atienden sus pedidos y se protegen sus derechos, la consecuencia lamentable e indefectible parecen ser autoritarismos, golpes de Estado y a otro largo y preocupante etcétera, aceptado por distintos sectores de la ciudadanía, según quien los promueva.

Eso es lo que hoy deberíamos estar tratando evitar y, pese a su importancia, no parece ser el enfoque prioritario. No parece notarse que reconstruir luego el país será esa tarea titánica, que cada vez se hace más difícil y que cada vez hay menos peruanos/as dispuestos a realizar. Quienes se encuentran en el poder tienen el deber de no dejarnos en esta preocupante deriva e inminente peligro.