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Opinión

La COVID-19 y el eslabón más débil, por Pedro Riega-López

“La extendida informalidad laboral impidió al Estado proveer una asistencia social mínima para soportar un confinamiento más amplio a miles de compatriotas...”.

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“La extendida informalidad laboral impidió al Estado proveer una asistencia social mínima para soportar un confinamiento más amplio a miles de compatriotas...”.

Por: Pedro Riega-López, médico especialista en gestión de salud. Catedrático, UNMSM.

Son múltiples las críticas y recomendaciones que acaba de lanzar la Comisión The Lancet sobre las lecciones para el futuro a partir de la pandemia de COVID-19. Además de criticar el débil liderazgo de la OMS, la comisión incide en la falta de solidaridad y visión estratégica de las grandes potencias mundiales. El “sálvese quien pueda” parece haberle ganado al “nadie está a salvo hasta que todos lo estén”. Nos preguntamos si el gran fracaso que significan los 17,2 millones de muertes por COVID-19 pudo haberse evitado y en qué medida. Lo cierto es que solo un puñado de países insulares y/o con regímenes dictatoriales pudieron aplicar una estrategia de supresión dirigida a eliminar la transmisión del virus, logrando tasas muy bajas de mortalidad por COVID-19; lo cual era inaplicable en la mayoría de los países, donde se implementaron estrategias menos estrictas de “aplanamiento de la curva”, con resultados muy heterogéneos de acuerdo con la capacidad de respuesta de sus sistemas de salud.

La aparición de las variantes más agresivas del virus en países con bajas coberturas de vacunación y pobres estrategias de control nos demuestra cuán importante es proteger al eslabón más débil de la cadena, al más vulnerable. Nos preguntamos hoy si la pandemia ya terminó, y nos cuesta creer que el 33% de la población mundial aún no ha sido vacunada, por una falta de solidaridad de las potencias mundiales que con sus compras masivas desmantelaron la principal estrategia de la OMS orientada a una mayor equidad en vacunas, COVAX Facility. En Perú, uno de los ejemplos de falta de solidaridad fue el vacunagate, que influyó en el acceso a millones de vacunas y al resultado de una segunda ola peor que la primera.

Las capacidades de nuestro sistema de salud fueron y siguen siendo muy deficientes. La extendida informalidad laboral impidió al Estado proveer una asistencia social mínima para soportar un confinamiento más amplio a miles de compatriotas. A esto se suma que, en un entorno de pobre institucionalidad y alta desconfianza social, la población tiende a rechazar medidas restrictivas y no esperan que los demás las vayan a cumplir a cabalidad.

Una iniciativa de cambio difícilmente partirá de nuestra clase política. Una ciudadanía empoderada en salud y derechos puede impulsar ante a los gobiernos de turno que se prioricen las principales recomendaciones de la comisión: impulsar la atención primaria de salud y reforzar las capacidades en salud pública de los sistemas sanitarios, a través de la implementación de las Redes Integradas de Salud y del Sistema de Vigilancia y Control de Enfermedades. Ambas iniciativas cuentan con un financiamiento inicial por endeudamiento público, y sus avances deben ser informados a la población.

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