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Opinión

CAN: ¿Todos vuelven?

“Hoy se presenta una nueva oportunidad para tener cierta presencia regional en el ámbito internacional”.

larepublica.pe
“Hoy se presenta una nueva oportunidad para tener cierta presencia regional en el ámbito internacional”.

Gabriel Boric y Gustavo Petro están imprimiendo un nuevo dinamismo a algunas entidades de integración regional y descartando otras. Los hechos más importantes han sido la presencia de los cuatro mandatarios andinos en el XXII Consejo Presidencial de la Comunidad Andina que había quedado olvidada después de la firma de los TLC de Perú (2005) y Colombia (2006) con EE. UU., y de la posterior salida de Venezuela de ese organismo en 2006. Asimismo, la invitación a que dos exmiembros se reincorporen a ella.

Chile la abandonó en 1976 cuando Pinochet abrió la economía, y el régimen común al tratamiento de la inversión extranjera, entonces vigente, reñía con el nuevo modelo. Venezuela, en 2006, pues los TLC que Perú y Colombia habían firmado requerían adecuar la normativa andina —que los países miembros incorporan en sus legislaciones internas— lo que el gobierno de Chávez no aceptó. En particular, se opuso a aspectos de propiedad intelectual y a la importación libre de aranceles de productos agrícolas subsidiados de EE. UU. Dijo que las normativas de los TLC eran las mismas que ellos habían rechazado en el plano continental al rechazar el ALCA. Entonces se fue al Mercosur.

Los antecedentes de este relanzamiento de la CAN como plataforma para impulsar una agenda común en temas fundamentales como el cambio climático, la integración energética —en particular la eléctrica, con energías limpias—, una nueva estrategia desmilitarizada para combatir el narcotráfico —la actual fracasó— y el fortalecimiento de algunos organismos del Sistema Andino de Integración como el de salud y educación ya habían sido conversados por Boric y Petro. Ambos emitieron una declaración conjunta al día siguiente de la toma de posesión del colombiano, en la que también plantearon la reincorporación de Chile y Venezuela a la CAN y reivindicaron a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) como plataforma regional.

Al igual que lo hizo Castillo al inicio de su gobierno, Colombia ha restablecido las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela, lo que representa la estocada final al Grupo de Lima, creado a instancias de Washington, desde donde se instó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a derrocar a Maduro y reconocer a Juan Guaidó. El gobierno colombiano ha anunciado que devolvería a su vecino —o le ofrecería comprar 51% de las acciones— de la empresa de fertilizantes Monómeros, propiedad de la empresa Petroquímica de Venezuela que operaba en Barranquilla y que Iván Duque entregó a Juan Guaidó cuando rompió relaciones diplomáticas en 2019.

La elección de la CAN como plataforma para coordinar una agenda común en temas prioritarios descarta a la Alianza del Pacífico, creada en 2011, para hacerle sombra a la Unasur, al Mercosur de entonces y dejar aislados a Bolivia y Ecuador en una moribunda CAN. Dicha Alianza se sustenta en el principio de que el bienestar de las sociedades se maximiza mientras más libre es el mercado, lo que ha fracasado. El mercado es fundamental, pero el Estado no debe tener un rol subsidiario. No es casualidad que en los cuatro países de esta Alianza hayan ganado las elecciones AMLO, Castillo, Boric y Petro, lo que ha conllevado al derrumbe de su precario andamiaje.

En síntesis, no se trata de retomar los viejos preceptos bajo los que fue fundada la CAN, en 1969, sino aprovechar la institucionalidad de esa entidad para coordinar una agenda de interés común y tener una voz más potente. Así lo hacen regiones como la Unión Africana, la Unión Europea, la ASEAN, la Liga Árabe. La política y la diplomacia se imponen más que nunca sobre la economía. Hoy se presenta una nueva oportunidad para tener cierta presencia regional en el ámbito internacional, si como todo indica, Lula gana las elecciones en octubre. Entre tanto, el presidente Castillo debe impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú y mantener las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui, que su gobierno restableció el 21 de setiembre pasado y que, inexplicablemente, su actual canciller rompió.

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