Los destructores de la democracia

El pasado 17 de mayo se cumplieron 42 años del día en que un destacamento armado del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso tomó por asalto las ánforas electorales de Chuschi, en Ayacucho, en las vísperas de las primeras elecciones presidenciales tras doce años de dictadura militar, dando inicio a una guerra fratricida para destruir la democracia. Su objetivo: tomar el poder por las armas. No se trataba de cualquier elección. Era la más inclusiva de nuestra historia, la primera en la que lxs peruanxs podían votar sin otra restricción que la mayoría de edad, habiendo eliminado la Constitución de 1979 el requisito de saber leer y escribir. Muchos en Chuschi se alistaban a votar por primera vez. Sendero nunca les preguntó lo que pensaban o querían. Simplemente, usó el miedo para imponer su voluntad.

¿Por qué SL se autoexcluyó de las elecciones más democráticas de la historia del Perú, mientras el resto de la izquierda, que hasta entonces también defendía (teóricamente) la lucha armada, optó por la vía electoral? Ello seguirá siendo debatido. Ahora, que la democracia está acechada nuevamente, y no solo en el Perú, creo importante reflexionar por qué su predica antidemocrática y violentista tuvo acogida. Como ya se ha analizado con amplitud, si bien muchos se vieron atrapados en el conflicto sin desearlo, la prédica justiciera de los maoístas logró seducir a gente joven en lugares de extrema pobreza, desesperanza por el futuro y frustración con las instituciones. El desenlace es de todos conocido: una pesadilla sangrienta de la que como sociedad no acabamos de salir y en la que los más pobres siguen sin alcanzar justicia.

El año 2000, con la caída del régimen dictatorial de Fujimori, se dio inicio a un periodo auspicioso para la justicia, los derechos humanos y la democracia. Se anularon las sentencias de los tribunales marciales y jueces sin rostro de la dictadura y los acusados volvieron a ser juzgados con todas las garantías de la ley. Lo fue el propio Fujimori. Se estableció un TC independiente. Se instaló una CVR que, con todas sus limitaciones, consiguió poner en la agenda pública la necesidad de justicia y reparaciones para las víctimas de la violencia como una responsabilidad del Estado. La CVR realizó audiencias publicas, recogió 17.000 testimonios, y produjo un informe de nueve tomos publicado en 2003, que se convirtió en un hito y un referente. Si bien desde un comienzo hubo criticas desde el lado “negacionista” —porque los responsables de delitos buscaron evadir sus responsabilidades atacando a la CVR— hubo también, posteriormente, críticas desde la empatía que buscaron señalar ausencias y trascender la narrativa de “víctimas y victimarios” con enfoques más matizados. Un hito en este sentido fueron los libros Memorias de un soldado desconocido, de Lurgio Gavilán (2012) y Los rendidos (2015) de José Carlos Agüero. Hasta los medios fueron receptivos, no sin reticencias. Un ejercicio introspectivo como país se había puesto en marcha.

Hoy todo esto está en peligro. Y no solo porque los negacionistas de ayer son hoy las fuerzas de choque de partidos con representación en el Congreso, que se dedican a atacar física y verbalmente, cada vez más avezada e impunemente, a figuras públicas, periodistas, autoridades, en plena calle y hasta en sus viviendas, llamándolos “caviares” y “terroristas”. Y no solo porque la mayoría parlamentaria viene aprobando leyes contrarias al interés ciudadano, que destruyen mucho de lo avanzado en justicia, derechos humanos, reforma educativa y política, y han elegido a un TC a su medida, sin debate y en secreto, como en la dictadura, y, lo que es peor, con la complicidad impúdica del partido de gobierno que se suponía iba a enfrentarse a todo eso.

La democracia corre peligro también porque grupos mediáticos como El Comercio, entre otros, que hoy protestan, no sin razón, por la animadversión del Gobierno y el Congreso contra la prensa, aún no han hecho un mea culpa del rol antidemocrático y mendaz que jugaron en las pasadas elecciones para favorecer a una candidata. ¿Qué diferenció, en esencia, aquella campaña mediática que, promoviendo un falso fraude, buscó anular el voto de los mas pobres del Perú, de la actitud de los senderistas que confiscaron las ánforas en Chuschi hace 42 años? El voto es un derecho tan básico como la verdad en una democracia. Los medios, y los políticos, tienen aún mucho que explicar a la ciudadanía sobre el papel que juegan en socavarla.