
Todo apunta a que la elección de los cinco magistrados para el Tribunal Constitucional será una repartija. Hernando Guerra García de Fuerza Popular ha hecho reingresar a dos postulantes que ya habían sido separados a pedido de la Contraloría y Montoya de Renovación Popular otorgó el máximo puntaje en la entrevista personal a una candidata que pertenece al Opus Dei.
En la lista final, después de las entrevistas repartidas con evidente cálculo político, quedaron los recomendados del fujimorismo, un exdefensor de López Aliaga, la integrista religiosa y un par más, a los que la Comisión de Constitución ya incluyó en una lista final.
Esta relación está constituida por Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich. Han obtenido puntajes que van de 92,89 para el primero y 73,32 para el que ocupa el sexto puesto.
Ahora corresponde al Pleno del Congreso la ratificación de los candidatos para su designación como miembros del Tribunal Constitucional. Para ello deben alcanzar 87 votos o más. De la bancada oficialista, que junto a otras mantienen una posición contraria al fujimorismo y sus aliados, depende un resultado favorable.
En momentos en que se ha producido un vergonzoso episodio en el actual TC, con una sentencia írrita que está siendo corregida por un tribunal internacional que vendrá a supervisar si se cumplieron las demandas de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, como paso previo al indulto de Alberto Fujimori, es tiempo de plantearse como país la necesidad de contar con independencia y calidad jurídica en el máximo tribunal. Es obvio que el resultado de una justicia politizada siempre será un acto político en vez de una sentencia basada en la legalidad.
Ahora también existen denuncias que señalan que hay una relación de empresas que están viendo en el TC un escape al pago de tributos. Precisamente y ante esta situación que pone al TC como una potencial entidad rebajada al nivel de mercado persa, es necesario que se corrija el peligro del imperio de la arbitrariedad.
Hay una propuesta ciudadana que plantea la elección de magistrados del TC como una elección universal, secreta y pública. Es el momento de considerarla para evitar que vayamos hacia la anomia, la repartija y la corrupción.



