El último bastión, por Ana Castillo Aransaenz

En el Perú contamos con un millón y medio de servidores públicos. Ellos son el rostro visible de la gestión y quienes hablan por el Estado. Su labor es esencial para el acceso a los servicios básicos y la promoción del desarrollo. Personifican el servicio civil en su lógica básica de búsqueda del bien común, ajeno a intereses individuales. En suma, representan al Estado frente a la ciudadanía y, por ello, no están al final de la cadena, sino al inicio: son la esencia de la institucionalidad.

Pese a ello, se suele escuchar: “Demos oportunidad a los jóvenes, a quienes nunca han gobernado, a los que no han gozado del privilegio de acceder al poder, ellos también tienen derecho”. Ahora, más allá de lo reivindicativo, revisemos los matices. Empezando desde la finalidad de lo público, ha de aclararse el propósito de quien se encuentra en posición de tomar decisiones que afectan la vida y el futuro de los ciudadanos. No es una relación laboral convencional, por ello escapa a la dialéctica de intereses trabajador-empleador.

Se trata, al contrario, de quienes se encargan de brindar bienes y servicios que el Estado debe proveer a los ciudadanos porque es su razón de ser. Por tanto, hay principios que no son negociables cuando se trata de la administración del Estado y sus escasos recursos: experiencia, trayectoria, preparación, probidad, en general idoneidad. Ello se evalúa a partir de parámetros técnicos definidos, que no son una ocurrencia contingente, sino elementos verificables, que generan confianza para otorgar a alguien el privilegio de ejercer el servicio público.

Dado el contexto de precariedad institucional, donde las reglas se retocan a pedido o las reformas institucionales se frustran o desconocen, el desempeño efectivo del servidor público cobra pleno protagonismo. En todos los niveles y ámbitos de la acción pública, son los llamados a conseguir día a día que las cosas ocurran, al proponer, ejecutar y priorizar recursos.

Es allí donde entran en juego las condiciones personales que hacen de un gestor público el factor clave para llegar a los ciudadanos con resultados que impacten sus vidas y ojalá, en la calidad de estas. Se trata de generar condiciones para un ejercicio pleno de los derechos ciudadanos como fin último.

En un mundo ideal, los servidores públicos están llamados a razonar y gestionar a largo plazo. De eso se trata un servicio civil meritocrático, íntegro e idóneo, ajeno a favores o prebendas, aquello que la reforma del empleo público busca impulsar: que accedan a administrar el Estado aquellos que demuestren ser los mejor capacitados, con experiencia calificada y de una conducta ética incuestionable, el último bastión contra la improvisación.