Mientras Chile celebraba un paso histórico hacia a la igualdad con la aprobación del matrimonio entre las personas del mismo sexo, en nuestro país vivíamos un momento vergonzoso, uno más, en materia de derechos.
El Congreso peruano decidió blindar a un parlamentario acusado de violencia de género y acoso ejercido sobre su expareja a quién no solo habría golpeado sino grabado en escenas íntimas y compartido tales imágenes por internet sin su consentimiento. Hechos que desde hace mucho constituyen delitos según nuestro orden legal. Así que aquí no hablamos de errores ni de indiscreciones de pareja.
Cinco votos en contra y seis cobardes abstenciones definieron que no existían razones suficientes para, por lo menos, investigar al parlamentario Luis Cordero en la Comisión de Ética que desde hace muchos periodos pasados de ética no tiene nada y que ha devenido, más bien, en un instrumento para perseguir a los enemigos políticos de turno y salvar a los convenientes aliados, aunque pesen sobre ellos serias y documentadas denuncias. Ejemplos sobran, Edgard Alarcón y Edwin Donayre.
Hace pocas semanas, en el Marco del Día Mundial de la No Violencia Contra la Mujer, Genderlab, consultora de diversidad e inclusión, lanzó una Guía de Acción Rápida para denunciar actos de violencia, documento que revela data preocupante. El 57.7% de las mujeres peruanas ha sufrido violencia por parte de sus parejas y casi el 60% de los adultos en el país no solo tolera, sino que promueve la violencia contra las mujeres pues la considera normal. La actuación del parlamento es una clara confirmación de este último porcentaje.
Las reacciones de rechazo en las redes sociales fueron casi inmediatas exigiendo una rectificación. La congresista Flor Pablo del Partido Morado ha solicitado formalmente una reconsideración del voto, pero al cierre de esta columna la Mesa Directiva del Congreso no se pronunciaba ante este penoso hecho.
Los argumentos de los integrantes de la citada comisión para rechazar una investigación han sido penosos, sobre todo el de su presidenta la acciopopulista Karol Paredes quien cuestiona el tiempo transcurrido para que la expareja del parlamentario Cordero haga una denuncia pública desconociendo lo complejo del proceso para toda mujer que decide denunciar violencia en este país cargado de prejuicios, sesgos y profundo machismo.
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El mensaje dado por el Congreso a las mujeres es peligroso y un retroceso en medio de esfuerzos por animar a las mujeres a denunciar sintiéndose protegidas y no juzgadas o estigmatizadas.
La rectificación no solo debe ser rápida sino clara, aceptar el error investigando de manera oportuna y seria al legislador acusado. La lucha para erradicar la violencia contra las mujeres en un país hostil como el nuestro encontrará siempre en el camino a personas e instituciones que solo están ahí para la foto del momento, pero que no asumen un compromiso real porque, en el fondo, no creen en él.
Sigamos atentas y atentos, levantemos siempre la voz y señalemos a los hipócritas que se venden como aliados de esta lucha. Es el único camino.