Acorralados

La polarización política nos está impidiendo abordar el principal problema que tenemos enfrente. El caso Bruno Pacheco-Pedro Castillo, Karelim López y la casa de Breña, es una nueva etapa de un proceso más largo: sectores informales e ilegales que pugnan y van ganando mayor espacio en el Estado, principalmente a través de partidos políticos y al margen de quién gobierne.

Se trata de sectores sin ideología, o que apelan a una que les sea funcional –temporalmente–, y que buscan poder político para: incidir o controlar el sistema de justicia (fiscalías, jueces, procuradores); lograr marcos normativos que les permitan proteger sus intereses o los de sus aliados; acceder ilegalmente a una mayor parte de los recursos públicos; y/o conseguir legitimidad y mayor poder político que, además, les sea funcional a cualquiera de las motivaciones previas.

Se trata de un proceso que se da a nivel nacional y a nivel regional y local. De los partidos nacionales, tal vez el Apra, liderado por Alan García, sea el caso más evidente de dicho proceso, en la medida que renunció a los principios y bases del partido para alcanzar poder y acceder a dinero ilícito.

El fujimorismo, que muchos consideran de “derecha” por las reformas de libre mercado de los 90, fue y es básicamente un partido populista y pragmático, cuya prioridad siempre ha sido la defensa de la ilegalidad y la informalidad; amparado, en lo económico, en la conveniencia de la mano invisible; y en lo político, en la construcción de un enemigo: el terrorismo, el caviarismo, el anti progresismo.

Perú Libre es el primer caso de un movimiento regional con esas características (con vínculos y defensa de lo ilegal y lo informal) que alcanza el gobierno central pero no el primero en intentarlo. También está Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña. E incluso Martín Vizcarra, que una vez en la Presidencia designó a su “círculo moqueguano” en puestos clave por la cantidad de recursos públicos que gestionaban.

Entre los partidos fundados en Lima con origen regional están los Luna Gálvez y Podemos Perú (PP). Tanto APP como PP, construidos a partir de universidades privadas que surgieron desde la informalidad, y con dueños manejándose en el terreno de lo ilegal.

Entre los de Lima que pretendieron tener alcance nacional, están Luis Castañeda y Solidaridad Nacional, otro partido vinculado a mafias que ahora cuenta con nuevo rostro: Renovación Popular.

Tanto el Apra como el fujimorismo lograron controlar el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial para desplegar su maquinaria y aprovecharse del poder. De ahí la relevancia de que hayan perdido ese control. Es precisamente ese avance en la independencia de la Fiscalía de la Nación, como el trabajo de los medios de comunicación, los que impedirán que Pedro Castillo y sus aliados, o Perú Libre y los suyos, se conviertan en un nuevo caso de aprovechamiento ilícito del poder.

Pero ello no resolverá el problema de fondo. Los principales partidos promotores de la vacancia son mafias que ya han tenido el control y la protección del sistema de justicia, y buscan recuperarlo para lograr con una mayor sofisticación –y en una mayor dimensión– lo que Castillo y Perú Libre no podrán.

Por esa razón, hoy el principal problema político que tenemos no es la tendencia ideológica en el Ejecutivo y en el Legislativo, sino el avance en la participación de sectores informales e ilegales en ellos. De ahí la importancia de que, ya sea desde la derecha, la izquierda o el centro, no se siga respaldando ingenua y/o interesadamente a partidos sin un interés legítimo por el país.

Así como en su momento fue determinante que la ciudadanía dé la pelea por defender la independencia conseguida en el Ministerio Público, y luego para evitar la captura del gobierno por Merino y compañía, hoy la única salida para limpiar y renovar la clase política tendrá que surgir de la presión de la sociedad civil. Si ello no sucede, seguiremos acorralados.