Reforma de educación superior en riesgo

Por: Flor Pablo, exministra de Educación y congresista

En el último pleno del Congreso se aprobó ampliar el bachillerato automático y la adecuación de los docentes de universidades públicas y privadas respecto a la obtención de grados académicos hasta 2023. Estas propuestas legislativas fueron aprobadas convocando a la unidad de Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú y Acción Popular. Los extremos se juntan y el centro no se afirma en la defensa de las reformas, dando inicio al debilitamiento y claro retroceso de la reforma universitaria.

Fuimos contados los congresistas, quienes en defensa de los principios de idoneidad y excelencia, que sostiene la reforma universitaria, planteamos un dictamen en minoría. Intentamos buscar el justo medio, reconociendo las situaciones difíciles y dolorosas que enfrentan los estudiantes y docentes universitarios durante la pandemia sin sacrificar la exigencia, meritocracia y esfuerzo que requiere una educación universitaria.

Ahora tendremos un sistema que deberá esperar hasta el 2023 para exigir a los estudiantes un trabajo de investigación y de acreditar un idioma adicional. Seguiremos esperando tener profesores con grados de maestría o doctorado. Esta última modificación de la Ley Universitaria desconoce el esfuerzo de más del 80% profesores que sí han cumplido con adecuarse a la ley (2014) y permite no solo que permanezcan los profesores que están por concluir este año sus estudios de maestría o el otro año sus estudios de doctorado (como fue nuestra propuesta), sino que abre la puerta a todos los docentes que estén cursando estudios. Esta medida prolonga que las universidades puedan contar con el 100% de profesores con grados académicos como manda la Ley.

Por otro lado, el congresista Esdras Medina (Renovación Popular), quien preside la Comisión de Educación, ha presentado un nuevo proyecto de ley que busca “restablecer la autonomía universitaria”, planteando que el superintendente de la Sunedu sea elegido, entre otros, por los rectores, como se hacía antes con la ANR. Este proyecto de ley es peligroso porque atenta contra la autonomía de la Sunedu. ¿Desde cuándo el organismo supervisor es elegido por los supervisados?

Mientras se presentan proyectos contrarreforma, que ni siquiera siguen el procedimiento de derivación (formalmente aún no ingresa a la comisión), el proyecto de ley que presentamos para fortalecer el rol y competencia de la Sunedu sigue en espera de ser priorizado por la Comisión de Educación.

Es evidente que está en marcha una estrategia de debilitamiento y retroceso de todo lo avanzado en materia de educación superior. Como lo ofrecieron en campaña, varias fuerzas políticas pretenden debilitar la Sunedu. Invoco a la ciudadanía y especialmente a los jóvenes a estar vigilantes para no retroceder.