La flagrancia

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, tocó, en una entrevista concedida a La República, un tema de gran controversia: la flagrancia. ¿Por qué los delitos que se cometen –donde están presentes todos los elementos que configuran flagrancia– no reciben el proceso exprés que señala el nuevo Código Penal?

El ministro Torres propone la implementación de unidades de administración de justicia flagrante donde se hagan estos juicios sumarísimos con sentencias en 24 horas. Cita el ejemplo de la mujer asesinada por su expareja, luego de que este saliera de la cárcel precisamente por haberla secuestrado y herido anteriormente.

La rapidez de la acción de la justicia parece motivar esta iniciativa del ministro Torres, quien además reconoce que las demoras y la burocracia propician la corrupción y conducen a que el ciudadano perciba la falta de capacidad sancionadora de los propios sistemas que imparten justicia en el país y rechace esta situación.

El Decreto Legislativo 1194 que regula el proceso inmediato ante una detención flagrante, dictado en el 2015, no se llevó a la práctica por falta de fondos para adaptar sedes administrativas, así que el problema no es falta de leyes, sino dinero del Presupuesto Público para aplicarlas. La iniciativa del ministro Torres incluso tiene la base del nuevo Código Penal que busca que la justicia sea célere para ser justicia.

Una vez dicho esto, vienen los detalles, que pueden convertir una norma necesaria en un arma para perseguir y sancionar a los enemigos políticos, haciendo de la justicia un herramienta política. Es por ello que deben seguirse todos los protocolos necesarios para garantizar la idoneidad de la norma y de quienes la aplican.

El perpetrador, detenido en flagrancia, y elementos centrales como la confesión, las pruebas, los testigos y la víctima. La unidad de administración de justicia constituida por la PNP, la Fiscalía, el PJ, y una dependencia de medicina legal en un mismo lugar. Todos trabajando en equipo para garantizar la aplicación de la justicia, con pleno respeto de los derechos humanos y dando todas las garantías de probidad y transparencia. Es una buena iniciativa.