Insumos para la batalla

Nuestra enloquecida agenda política ha opacado una gran noticia –y vaya que necesitamos de buenas noticias en estos tiempos–. El Gobierno promulgó la Ley Nacional de Cáncer, un pedido de la sociedad civil que tenía mucho siendo postergado.

Según datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), unas 150,000 personas padecen de algún tipo de cáncer en el Perú. El 60% son mujeres, en su mayoría diagnosticadas con cáncer de cuello uterino y de mama, mientras que el 40% restante son, principalmente, casos de cáncer de próstata y pulmón en hombres.

Solo el año pasado, se detectaron 70,000 nuevos casos y se reportaron 35,000 defunciones. Pero es de esperar que estas cifras aumenten porque durante la pandemia –sobre todo en el segundo trimestre del 2020– el INEN alertó de una reducción importante en sus atenciones ambulatorias.

El 7.2% de los diagnósticos se dan en tamizajes; es decir, en pruebas para detectar afecciones en estadios iniciales. El 67% se descubre cuando el paciente ya presenta síntomas, con lo que el pronóstico de recuperación se complica. En promedio transcurren 20 meses entre la aparición de síntomas y la asistencia a un establecimiento de salud.

La estrenada ley tiene como objeto garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. Encarga al INEN hacerse cargo de la Red Oncológica Nacional y construirla sobre el modelo de redes integradas de salud. Esto facilitará el acceso a los servicios de salud necesarios, siempre y cuando cada actor tenga establecido su rol.

Otro aspecto interesante de la ley es permitir la compra de tecnologías sanitarias con modelos innovadores. Faculta al Minsa a usar mecanismos diferenciados de adquisición para productos farmacéuticos y dispositivos médicos que sean necesarios para el tratamiento de enfermedades oncológicas. Así, los peruanos podremos acceder a nuevas tecnologías con modelos de compra como el de riesgo compartido o el de pago por resultados, empleados desde hace varios años en Uruguay en beneficio de sus ciudadanos.

Es clave evaluar la viabilidad financiera de implementar la ley. Solo podrá ser ejecutada eficientemente con un presupuesto asignado para ello. Generar bienestar en la población mediante acceso a servicios de salud de calidad es una alternativa a entregar dinero vía bonos ciegos.

Complementariamente, considero prioritario masificar el tamizaje en determinados grupos de población para lograr detecciones tempranas, reforzar los sistemas de referencia y contrarreferencia médicas para dar continuidad de la atención, expandir la telemedicina y fortalecer las redes de apoyo social.

El reto es enorme, pero esta ley es un buen primer paso. Ahora falta que se gestione adecuadamente. Y eso no es poco pedir.