Libertades en riesgo

Opinar es un derecho inherente a la persona. En las dictaduras se persigue el derecho a pensar, a optar y a expresarnos libremente, porque se requiere sumisión, obsecuencia, temor. Así y solo así se mantienen las tiranías.

Durante la semana hemos visto recrudecer en el país una tendencia totalitaria que va ganando terreno. Primero fueron los ataques verbales violentos en las redes. Epítetos de traidor que se lanzan a personas del propio entorno, solo porque piensan distinto y actuaron en consecuencia durante la elección del 6 de junio.

Esta violencia ha ido pasando de ser verbal a ser activa. Los artistas, entre ellos artistas plásticos de gran renombre, actores y músicos, son perseguidos en las calles, insultados y amenazados, por el solo hecho de haber expresado un punto de vista discrepante con lo que se considera un sentido común de determinada clase social o de determinada raza, incluso de determinado barrio o distrito.

Se ha llegado al extremo de plantear boicots contra sus obras artísticas y negativas para exposiciones, obras o conciertos. La evidencia de una lista negra confeccionada para sancionar a estas personas se complementa con plantones y expulsiones de barrios, colegios, clubes.

Esta campaña ha llegado incluso a demandar que no se visite el Cusco o algún hermoso lugar en nuestra patria, solo porque sus pobladores han emitido un voto masivo por el candidato oponente. En medio de un clima tan adverso contra los artistas, se ha conocido la reacción del propio ministro de Cultura, quien ha señalado que existe libertad de expresión para todos y ha defendido el derecho a opinar distinto.

Desborde callejero que ha llegado a atropellar a periodistas, autoridades judiciales, autoridades electorales, a quienes se les cerca literalmente en sus viviendas por horas, con amenazas graves contra la persona y afectación de su dignidad. Durante días, los desadaptados que integran colectivos vinculados al fujimorismo mandan consignas por redes para atacar a determinada persona, violan el secreto del domicilio, y perturban la tranquilidad de toda la vecindad.

¿Hay derecho para esta presión grosera y lumpenesca ejercida por prontuariados? Ninguno en un país que quiere vivir en democracia y en paz. Es fundamental que el juego político no requiera de estos refuerzos delincuenciales para imponer sus criterios y es necesario que las fuerzas de la legalidad no acepten este atropello. La fuerza es inaceptable si existe la razón.