A una semana de las elecciones para saber quién liderará el Perú entrando al bicentenario. Sin duda las opciones que tenemos deberán enfrentar un mundo pandémico (y pospandemia) con discusiones globales sobre 5G y la geopolítica de quién y cómo se debería regular (o no) el internet, y cuál es la misión de los estados en esta discusión internacional.
En un mundo cada vez más conectado, la libertad de expresión no solo resulta un derecho fundamental, sino sustento básico para el libre flujo de la información, la veeduría ciudadana, la participación política y la creación de conciencia colectiva (local y global) de la diversidad, la protección de derechos y el respeto de las minorías; pero también se enfrenta al mal uso de la red para divulgar desinformación, un creciente uso de la red para la ciberdelincuencia, una militarización del ciberespacio como punto de confrontación y sin duda la necesidad de contar con elementos de ciberdefensa para proteger los activos críticos nacionales.
Uno de los dos candidatos deberá construir, en base a la política 35 del Acuerdo Nacional, una institucionalidad transversal, ágil y sobre todo flexible que asista a los diversos sectores en la construcción de un Perú Digital, con una conectividad plena para tod@s l@s peruan@s.
¿Pero cuál de las opciones es la más útil para este desarrollo? La que tenga como compromiso el respeto irrestricto por las libertades y los derechos, una que crea en la conectividad del Perú y l@s perun@s al mundo, no que busque cerrar fronteras o creer que “mágicamente” podemos sobrevivir aislados del mundo o creando ministerios para resolver problemas, como diría el presidente Sagasti refiriéndose a la propuesta de Castillo.
La construcción de un Perú Digital depende del gobierno, la sociedad civil y sector privado en velar porque los derechos se respeten para todos, siempre. Más mundo para el Perú, más Perú para el mundo.