La versión oficial

El uso del cuco del terrorismo como arma política está fracasando rápidamente con las revelaciones que se abren paso y reconstruyen la primera versión oficial sobre lo ocurrido en Vizcatán, región del país donde se escenificó una horrenda matanza de por lo menos 16 personas, entre ellos cuatro menores de edad. La búsqueda de responsables sin una investigación contribuyó a enrarecer el ambiente electoral de alta polarización. Con los nuevos testimonios se está abriendo paso la verdad.

Algo no cuadraba en la versión oficial que los medios mayoritariamente reprodujeron. Sin que tuviera lugar la indagación propia, el cruce de información, escuchar a los testigos, se identificó como autores del execrable hecho a terroristas de Sendero Luminoso. Esta es una teoría poco creíble y que no calza con los hechos que han sido enumerados por quienes fueron espectadores del asesinato masivo y que colocan en el lugar de la matanza a delincuentes narcoterroristas del grupo de Quispe Palomino.

Las piezas del rompecabezas van ocupando su lugar y los propios testimonios de los sobrevivientes aportan certezas de lo ocurrido. También escuchamos el testimonio del juez de paz que se ha movilizado apenas clareó el día lunes a dar cuenta de los terribles sucesos a la base policial militar de Pichari y ahora da muestras de preocupación ante las autoridades civiles o militares por el manejo de la información sin una investigación más profunda de los hechos. Se debe ahondar también en la fuente que proporcionó a primeras horas del día fotografías macabras y datos de los acontecimientos, y que contribuyeron a generar la enorme desconfianza en las versiones que se difundían.

El crimen múltiple cometido en la lejana Vizcatán nos horroriza por la crueldad y la insania, pero también nos revela de un porrazo la tremenda desprotección en la que viven miles de compatriotas del Vraem, atenazados por la violencia del narcotráfico y una red de protección del crimen que funciona pese a la acción del Estado y al despliegue militar y policial en la zona.

Estamos a la espera de los resultados de la investigación que le corresponde por ley al Ministerio Público y a la propia Policía, pero urge un informe exhaustivo del gobierno del presidente Sagasti sobre el crimen, los responsables y las acciones adoptadas para lograr su captura. En pleno proceso electoral, se requiere tener garantías de neutralidad y transparencia para no azuzar el inútil fuego de la sospecha.