¿Nueva Constitución?

Pocas cosas son abordadas, entre nosotros, de manera tan irracional como el cambio constitucional. Para unos, la constitución es la madre de todos nuestros males, y cambiándola, cambiará el Perú. Para otros, la sola mención del tema es un tabú. Ni lo uno ni lo otro.

Con frecuencia, se asocia la propuesta de una nueva constitución con la de Hugo Chávez en Venezuela. Pero el Perú de hoy no es para nada la Venezuela de Chávez, ni existe un caudillo de sus características. No se recuerda, en cambio, la Constitución peruana del 79, que los constituyentes de izquierda se negaron a firmar. Y que fue una constitución equilibrada; olvidada, uno a uno, por los gobernantes que la cuestionaron durante las últimas dos décadas.

Y se olvida la Constitución colombiana de 1991, respecto a la cual, el constitucionalista Héctor Santaella Quintero afirma: “… al ser enmarcada dentro de un contexto más amplio, el Estado Social de Derecho, resulta coherente que en un mismo texto se conjuguen las libertades económicas y la intervención del Estado en la economía… lo que significa que la actividad económica se desarrollará en el marco de una economía de mercado, al tiempo que se habilita al Estado para actuar como instrumento de justicia social, dejando a su cargo la redistribución de la riqueza y de los recursos para corregir las desigualdades sociales”. Colombia, no hay que olvidarlo, ha crecido en estos años tanto más que el Perú.

Ni, mucho menos, se recuerda la constitución de Evo Morales en Bolivia, que no es ningún modelo, pero bajo cuya vigencia el país vecino ha tenido, durante varios años y según el Fondo Monetario Internacional, los mayores crecimientos económicos de la región. Mayores que los del Perú. No es exacto, entonces, para nada, que nuestro crecimiento económico haya sido producto de los excesos de la Carta de 1993.

Esta Carta fue elaborada a la medida de Fujimori. Por eso elimina el histórico Senado. Todo el país está de acuerdo en que hay muchos cambios que hacerle.

Pero no solo hay que modificar la arquitectura y normas que rigen al aparato del Estado. También hay que revisar algunas disposiciones económicas, que es lo que tanto preocupa a algunos. Bajo la Constitución de 1993 se ha desarrollado un régimen, no de economía social de mercado, sino mercantilista y corrupto. No ha sido una Constitución pensada para la igualdad sino para la desigualdad.

Claro que ha habido un notable crecimiento económico y que este debe mantenerse. Pero no a costa de la corrupción y la desatención a las necesidades fundamentales de los peruanos. Ni tampoco sacralizando un texto que día a día pierde consenso y legitimidad.

Ahora bien: no se le puede pedir al gobierno de transición que se aboque al cambio constitucional. Menos aún, de manera abrupta y precipitada, provocando inestabilidad y caos. Otras son, tienen que ser, sus prioridades y urgencias: su propia subsistencia frente un enemigo al acecho; las elecciones transparentes; la vacuna; la recuperación económica y la seguridad ciudadana. Hay muchas cosas en las que se puede avanzar mientras se procesa el cambio constitucional.

Estos ocho meses de gobierno transitorio deben servir, como lo ha anunciado el Ministro de Justicia, para una amplia discusión constitucional. El gobierno de Paniagua, en su momento, propició una Comisión que formuló recomendaciones muy sensatas. Es tiempo de retomarlas, revisarlas y actualizarlas, para alimentar el debate nacional. Así podremos avanzar con paso firme hacia una Constitución para y en nuestro tercer siglo de vida republicana.

P.S. Marginar a Keiko Fujimori y su partido de las próximas elecciones, como ha pedido el Ministerio Público, haría un gran daño a la vida y a la imagen democrática del Perú.