Salud reproductiva: derecho humano

Los sistemas de salud de todo el mundo enfrentan serios desafíos derivados del rápido aumento en la demanda de servicios generada por el brote de la COVID-19. Incluso, muchos centros que brindan atención en salud sexual y reproductiva quedaron suspendidos debido a la emergencia sanitaria.

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que la reducción de solo un 10% en servicios indispensables de salud reproductiva ocasionaría 49 millones de mujeres más con una necesidad de métodos anticonceptivos insatisfecha, 15 millones adicionales de embarazos no deseados en un año y 3.3 millones más de abortos inseguros en los próximos 12 meses.

Además, una disminución del 10% en la cobertura de atención médica relacionada al embarazo y al cuidado de la salud del recién nacido tendría como consecuencia 1.7 millones adicionales de mujeres y 2.6 millones de recién nacidos más que atravesarían complicaciones obstétricas y de parto por no recibir la atención que necesitaban y que esta situación podría desencadenar 28 mil muertes maternas y 168 mil muertes de recién nacidos adicionales.

MONITOREAR PARA EXIGIR

Es en este contexto que el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), lanzó la iniciativa “La salud reproductiva es vital”, que busca monitorear la respuesta de los Estados en materia del acceso a los servicios de salud reproductiva en América Latina y a la cual, desde Perú, se sumó la Mesa de Vigilancia Ciudadana de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Los hallazgos mostraron para Perú un incremento de aproximadamente el 40% en los partos domiciliarios en los primeros nueve meses del 2020, en comparación al 2019. La atención a mujeres gestantes se redujo a 20 mil casos durante la cuarentena, cuando antes de la pandemia superaba los 30 mil. Además, se observó un incremento de la tasa de muerte materna, la cual se estima que cerrará este 2020 con un incremento del 40% con relación al 2019. Muchas de estas muertes pudieron ser evitadas si es que las mujeres hubieran accedido a un aborto terapéutico, atención que -de acuerdo con el monitoreo realizado- casi desapareció de la oferta de los servicios de salud.

Otro dato saltante tiene relación con el indicador de parejas protegidas con métodos anticonceptivos, el cual cayó a menos de la mitad en abril y cuya cobertura actual no ha logrado igualar a la existente en enero. Esto está ocasionando un incremento de las necesidades insatisfechas de planificación familiar en comparación con el año 2019, lo cual implica un retroceso de por lo menos en 5 años en este indicador.

“Consideramos importante la no interrupción de servicios esenciales y que salvan la vida de miles de mujeres como una prioridad, pues observamos que se ha agravado una situación preexistente. La sociedad civil observa que el Estado peruano debe tomar todas las medidas necesarias que permitan implementar de manera urgente y con presupuesto las políticas públicas existentes a fin de garantizar el respeto y la protección, sin discriminación, del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas mujeres”, señaló Rossina Guerrero de Promsex.

La Mesa de Vigilancia Ciudadana por los Derechos Sexuales y Reproductivos indicó cuatro medidas urgentes que debe seguir el Ministerio de Salud: 1) Elaborar o adoptar directrices para asegurar la apertura y el desempeño eficiente de los servicios de salud reproductiva, con los insumos de protección necesarios a los/las profesionales de la salud y agentes comunitarios; 2) implementar de manera efectiva las consultas ambulatorias a distancia en materia de salud reproductiva (telesalud); 3) optimizar el proceso de adquisición y entrega de medicamentos, para reducir visitas a los establecimientos de salud y contacto con el personal; y 4) asegurar la continuidad en la provisión de insumos de salud sexual y reproductiva como métodos anticonceptivos modernos, incluida la Anticoncepción Oral de Emergencia.

“Estamos en un momento clave para trabajar y exigir a que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia de salud reproductiva. Estos servicios son esenciales para millones de niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país y en medio de esta crisis, se tiene la responsabilidad de redoblar los esfuerzos estatales para sobre la base la evidencia garantizar la salud reproductiva como un derecho humano”, señaló Rocío Gutiérrez de Ayni Desarrollo.

Los efectos de la pandemia

Por: Elisa Juárez, coordinadora de Monitoreo e Investigación de Promsex

La pandemia de la COVID-19 puso al país en estado de emergencia. Ello llevó al cierre de los servicios de salud de primer nivel, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR); a pesar de ser considerados por la OMS y por el Minsa como servicios de salud esenciales que deben estar garantizados aún en un contexto como este, lo cual definitivamente tiene y tendrá consecuencias.

Para el 2021, habrá un incremento en 1.4% de las necesidades insatisfechas de planificación familiar con métodos modernos en las mujeres de edad fértil respecto al año previo, lo cual implica un retroceso de por lo menos cinco años en este indicador.

A septiembre del 2020, las cifras de mortalidad materna muestran un incremento del 28%, en comparación a la registrada en el 2019. El 17.7% de ellas fueron ocasionadas por la COVID-19. A noviembre de este año se vienen registrando 380 muertes maternas, mientras que el año pasado se cerró con 302 casos.

Los costos de no brindar una adecuada y oportuna atención en salud sexual y reproductiva, en medio de las medidas de restricción por la pandemia, quedarán evidenciados en las estadísticas nacionales. La afectación en algunos de ellos continuará por un tiempo y otros mostrarán el impacto recién en los años venideros.