El terremoto en Venezuela, el desastre que golpea a un país marcado por años de crisis

Dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 sacudieron Venezuela el 24 de junio y dejaron un saldo que crece hora tras hora. Las autoridades reportaron al menos 2.645 fallecidos y 12.666 heridos, con cerca de 200 edificios colapsados por completo en La Guaira y Caracas, los territorios más golpeados por el desastre. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que la cifra de víctimas mortales podría subir hasta los 10.000 en los próximos días.

Sin embargo, el terremoto no causó el colapso. El colapso ya existía. Tras la salida de Nicolás Maduro del poder y en medio de un gobierno avalado por Estados Unidos, pero no por su pueblo, el sistema sanitario venezolano llegó con un déficit de 60% en capacidad quirúrgica y un desabastecimiento de medicamentos del 37%, según datos de la OMS y la Encuesta Nacional de Hospitales.

En tanto, en medio del hermetismo, el gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez, movilizó a más de 5.000 profesionales de salud e integró hospitales militares, públicos y privados en la respuesta a la emergencia. El ministro Carlos Alvarado aseguró en televisión que se logró “atender de manera óptima a los pacientes”. Sin embargo, especialistas, organizaciones humanitarias y los propios damnificados describen un panorama muy distinto. Jaime Lorenzo, director de la organización Médicos Unidos de Venezuela, relató que el hospital de La Guaira funciona sin agua corriente, lo que obliga al personal a lavarse las manos y limpiar los suelos manchados de sangre con agua almacenada y suero intravenoso. Carolina de Jesús, directora de Project HOPE en Venezuela, describió un sistema que “se quedó sin margen en cuestión de horas” y señaló que en varios centros el personal médico atiende a pacientes en el suelo por falta de camas, mientras las réplicas no cesan.

EE. UU. y la doctrina Donroe

Horas después del primer sismo, Trump prometió asistencia inmediata a Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que la respuesta sería “grande, rápida y efectiva”. El Departamento de Estado confirmó después el envío de cerca de 150 millones de dólares en ayuda, cifra que más tarde se amplió a 300 millones destinados a organizaciones que llevan suministros a la primera línea de la emergencia.

El Comando Sur, responsable del bombardeo a Caracas que terminó con la caída de Maduro a inicios del 2026, movilizó barcos, aviones y helicópteros de apoyo de rescate y transporte, dado el cierre del aeropuerto de Maiquetía por los daños sufridos en los sismos. Su comandante, el general Francis L. Donovan, señaló que las fuerzas estadounidenses buscan “ayudar a salvar vidas y apoyar al gobierno durante esta crisis”. El Departamento del Tesoro, por su parte, suspendió hasta el 23 de octubre algunas sanciones con el fin de permitir transacciones vinculadas a las labores de socorro, aunque mantuvo el grueso de las restricciones económicas contra el chavismo.

No obstante, para la Administración Trump, la gestión de esta crisis es también una prueba de la doctrina Donroe. Así lo explica Carlos Malamud, catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En declaraciones para el medio Cadena Ser, señala que el manejo de la emergencia funciona como un examen simultáneo para tres actores: el gobierno interino, la oposición venezolana y la propia Casa Blanca.

El académico advierte que, si la respuesta fracasa, la legitimidad del gobierno venezolano “sería total”, mientras que un mal manejo también golpearía a la oposición, cuya pérdida de imagen “repercutiría muy negativamente sobre su proyecto político”. Para Washington, una gestión deficiente dañaría la imagen que busca proyectar hacia el resto del continente bajo su nueva doctrina de influencia en América Latina.

El verdadero desafío, apunta el investigador, llegará después, cuando haya que decidir quién administra la ayuda. En esa misma línea, Sam Vigersky, antiguo coordinador de los equipos de respuesta a desastres en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sostiene que el mundo observa de cerca si el Departamento de Estado logra sostener la capacidad operativa que antes tenía esa agencia cerrada por la gestión republicana.

De crisis en crisis

Venezuela llega a este desastre con un prolongado deterioro económico e institucional, agravado por una inflación que apenas mostraba señales de alivio antes de los sismos. Según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación mensual bajó 2,5 puntos porcentuales en abril de 2026 frente al mes previo y se ubicó en 10,6%, tras registrar 13,1% en marzo, 14,6% en febrero y 32,6% en enero. Cifra que, en su peor momento en la década, llegó al 524%. El presidente del BCV, Luis Pérez, afirmó que 2026 sería un año de “cambios significativos” y dijo esperar que la cifra llegara a un dígito en mayo.

Ese colapso económico y político empujó a más de 7 millones de venezolanos a emigrar, según cifras de la ONU, un éxodo que fracturó familias y vació al país de mano de obra calificada.

El riesgo para la niñez tras el sismo

UNICEF estima que 3,9 millones de niños viven en las zonas afectadas por los sismos, entre ellas Caracas, Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda y La Guaira. Su directora ejecutiva, Catherine Russell, calificó los relatos que llegan desde el terreno como "desgarradoras" y pidió que la protección infantil ocupe un lugar central en la respuesta humanitaria. El organismo alertó sobre riesgos inminentes de separación familiar, desplazamiento y falta de agua potable para los menores.

La actriz y creadora de contenido Ange Rodríguez denunció públicamente movimientos sospechosos en La Guaira y Caracas, vinculados a presuntos intentos de captación irregular de menores huérfanos o separados de sus familias. Ante la circulación de rumores, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) emitió un comunicado para aclarar que ningún menor es entregado a desconocidos y que la reunificación familiar sigue protocolos estrictos. La denuncia reavivó el recuerdo de la tragedia de Vargas de 1999, cuando decenas de menores quedaron separados de sus padres sin que existieran registros que permitieran reencontrarlos.

La credibilidad de un "Estado fallido"

La opositora María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, reafirmó su intención de regresar a Venezuela pese a la emergencia y aseguró que su presencia "estabiliza" al país. Sostuvo que los sismos evidenciaron la "ausencia total de capacidades estatales" y describió a su nación como "un Estado fallido". Según información publicada por The Wall Street Journal, la administración Trump le pidió postergar su regreso para no politizar el desastre, algo que un portavoz del Departamento de Estado calificó de "contraproducente en sus esfuerzos".

El propio sistema de salud confirma ese diagnóstico. En La Guaira, dos de los tres hospitales públicos quedaron fuera de servicio, según Jaime Lorenzo, director de la organización Médicos Unidos de Venezuela. El país cuenta apenas con tres ambulancias públicas para atender a toda el área metropolitana de Caracas, y el 90% de los heridos llegó en camionetas policiales. Organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud evaluaron ocho nosocomios entre las zonas afectadas y determinaron que todos requieren apoyo externo inmediato. El Hospital Vargas-IVSS, en la capital, opera con solo 35 unidades de sangre disponibles y 96 pacientes hospitalizados en una sala pensada para ocho camas.

Restricciones a la prensa dificultan la cobertura

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) denunció limitaciones impuestas por el gobierno a los periodistas que cubren la emergencia en La Guaira. A partir del 28 de junio, las autoridades restringieron el acceso a la zona y establecieron horarios y transportes específicos para los equipos de periodistas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa documentó al menos 4 restricciones a la labor periodística hasta el 30 de junio y respaldó a los reporteros que continúan trabajando aun con las trabas.

Pese a las dificultades, medios como Runrun.es, TalCual y El Pitazo se organizaron para dividir la cobertura por temas, mientras periódicos regionales como El Impulso priorizaron zonas del interior menos cubiertas por la prensa nacional. En paralelo, el bloqueo a la red social X, vigente desde 2024, se levantó en parte un día después de los terremotos, aunque organizaciones advierten que la censura digital a medios independientes persiste en buena parte del país.