
Bolivia vive un pulso intenso entre el pueblo y el poder. Lo que comenzó como protestas por dificultades económicas y reclamos sectoriales se transformó en un movimiento social masivo que cercó ciudades —especialmente La Paz y El Alto—, paralizó carreteras y se convirtió en un desafío aparentemente interminable para el reciente gobierno de Rodrigo Paz. "Renuncia, presidente" es la frase más común en las pancartas sostenidas por sindicatos, docentes, mineros, transportistas, campesinos y organizaciones indígenas.
Al inicio, las exigencias se centraban en el aumento salarial, mejoras en el abastecimiento de combustibles, el rechazo a una propuesta de reforma agraria y garantías sobre políticas económicas y sociales. Tras la adhesión de la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz 'Tupac Katari' y grupos afines al expresidente Evo Morales, la salida de la actual administración se convirtió en la principal demanda para resolver esta crisis.
La vida cotidiana ahora se mide en filas: para conseguir un pollo, para cargar gasolina —que a veces requiere hasta cuatro días de espera— y para enfrentar la desesperanza. La escasez no se limita a números; refleja mercados vacíos y hospitales donde ambulancias quedan bloqueadas entre cortes de ruta, lo que ya provocó varias muertes. Según datos oficiales, más de 90 puntos de carreteras permanecen bloqueados.
El filósofo y politólogo boliviano Óscar Gracia interpretó este panorama como resultado de múltiples factores, "muchos de ellos acumulados durante las últimas dos décadas", tras el cambio de ciclo que significó la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, que marcó el fin de un "sistema neoliberal" que no cumplió las expectativas "económicas o sociales esperadas".
Según detalló el especialista para La República, la agrupación izquierdista aprovechó los errores de la gestión anterior, sumados a la pérdida de confianza en el sistema político. Esto dio origen a un proyecto liderado por el MAS, que cimentó su legitimidad en la cercanía con movimientos sociales que adquirieron capital político y que hoy condicionan la gobernabilidad.
Carlos Macusaya, miembro del colectivo indianista Jichha, aborda este último punto desde un enfoque racial. En declaraciones para El País, el también autor del libro 'En Bolivia no hay racismo, indios de mierda' (2022) asegura que "el indio boliviano se piensa como quien legítimamente encarna la nación y no ha reducido sus problemas a pedidos locales, como agua o luz, sino que exige mecanismos para participar políticamente", lo que lo distingue de los indígenas peruanos, quienes son cada vez más invisibilizados.
Entre quienes exigen la renuncia del presidente se encuentran "los que ven limitadas sus posibilidades de ejercer control político y dirigir el país" e indígenas que se sienten traicionados por Paz, a quien muchos apoyaron con su voto. Esta percepción se ve reforzada por la retórica de que no se les consultó sobre los decretos supremos de ajuste económico para revertir la recesión.
Vidarte, por su parte, destaca otro elemento: la falta de cambios en la matriz económica que el MAS implementó al asumir el poder. Bolivia se mantuvo como "primario exportador", aunque se benefició de "la elevación momentánea de los precios internacionales de las materias primas y del crecimiento significativo que China experimentó en ese periodo".
La combinación de estos factores, pero especialmente la ausencia de maquillaje del auge económico previo, permitió que ahora se observe una "crisis institucional donde no importa si se alcanza gobernabilidad parlamentaria; los partidos y las élites carecen de un respaldo sólido de los sectores populares capaces de movilizarse", señaló Óscar Gracia.
El filósofo y politólogo añadió que "gran parte de estos sectores son urbanos, en muchos casos de clase media baja o popular y de zonas rurales. Y en ese sentido también se produce un quiebre entre sus intereses y los de, por ejemplo, las clases medias urbanas". Esto, a su vez, refuerza una tensión racial que se originó con los ideales con los que el país inició su vida soberana, puntualizó para El País Juan Pablo Vargas, profesor y miembro de la fundación Zera, proyecto educativo destinado a comunidades desfavorecidas.
Fuera de estos baches estructurales, la figura de Evo Morales ha sido mencionada en varias ocasiones como un referente tácito, presente desde el Trópico de Cochabamba, su bastión cocalero. El propio Rodrigo Paz lo incluyó en esta disputa, al asegurar que el histórico líder del MAS es "un hombre que está embrutecido por el poder y hará todo lo posible para, más allá de muertos, más allá de la confrontación, más allá de destrozar a Bolivia, derrocar este proceso democrático".
Para la politóloga y socióloga María Teresa Zegada, consultada por la BBC, esto no es más que "una especie de inflación del liderazgo (de Morales) en términos discursivos", ya que se encuentra inhabilitado y enfrenta "una sanción social muy fuerte". "Sus posibilidades reales de volver al campo político, dentro del marco institucional democrático, son nulas", sentenció.
Cabe señalar que el expresidente boliviano enfrenta un proceso judicial por presunta trata de personas y abuso sexual, vinculado al embarazo de una menor de 15 años durante su mandato, y fue declarado en rebeldía por el tribunal de Tarija tras no presentarse al inicio del juicio, con una nueva orden de aprehensión emitida en su contra.
El analista Carlos Toranzo destacó la relevancia del "poder de la calle" en Bolivia, algo que Morales mantiene y que puede resultar más influyente que "la fuerza de las instituciones" dentro del país. Sin embargo, la movilización actualmente se concentra en prebendas y en conservar privilegios.
En solo diez días, la administración de Rodrigo Paz recibió la renuncia de cuatro ministros clave de su gabinete, incluidos los titulares de Defensa, Educación y Trabajo. En respuesta, se designó a Ernesto Justiniano como nuevo ministro de Defensa, con el mandato explícito de abrir corredores y despejar rutas. "Llego a esta nueva función para respaldar institucionalmente a nuestras Fuerzas Armadas y contribuir a que el país recupere paz, orden y convivencia democrática", afirmó durante su juramentación.
El gobierno actual intentó en varias ocasiones resolver el conflicto interno mediante el diálogo, pero los representantes de los diversos sectores cerraron esta vía y exigen el fin de la breve era de Paz, primer presidente de derecha tras la salida del MAS del poder.
Ante la falta de conciliación y la creciente presión derivada de la escasez, el presidente presentó al Parlamento un proyecto de ley para regular los estados de excepción, con el objetivo de ampliar la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía en las zonas bloqueadas. La medida fue aprobada en cuestión de horas por la Cámara de Senadores y remitida a la Cámara de Diputados para su revisión y tratamiento. Hasta el cierre de esta edición, el presidente de Bolivia descarta renunciar.





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