Los pilares del modelo argentino que se desmoronan bajo el ajuste de Milei

Argentina volvió a mostrar en las calles lo que las encuestas ya venían midiendo: un malestar que crece y que tiene dos focos bien concretos. Por un lado, el desfinanciamiento de las universidades públicas y la pulverización del salario docente. Por el otro, un sistema de transporte que subió 76% interanual según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires, con datos de abril de 2026, mientras la oferta de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires se contrajo un 30%. Dos instituciones que durante décadas funcionaron como ascensores sociales hoy acusan el impacto del ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei.

El diagnóstico no es solo político. Es también cotidiano. Para quien depende del colectivo para llegar al trabajo y de una facultad pública para formarse, los recortes son tiempo perdido, deudas acumuladas y proyectos postergados. Desde diciembre de 2023, la Casa Rosada orientó su política económica a reducir el gasto estatal, y ese eje tocó de lleno dos servicios que históricamente el Estado argentino sostuvo como herramientas de igualdad.

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La cuarta marcha universitaria desde que Milei asumió reunió a estudiantes, docentes y organizaciones sindicales en Plaza de Mayo bajo la consigna “Milei cumplí la ley”. La convocatoria fue articulada por el Frente de Sindicatos Universitarios, el Consejo Interuniversitario Nacional —que agrupa a los rectores— y la Federación Universitaria Argentina. Pero también se sumaron miles de personas sin pertenencia orgánica a ningún espacio.

“Fue una marcha muy masiva, convocada por distintas organizaciones, pero acompañada también por mucha gente que fue de manera independiente, sin pertenecer a ninguna organización, pero que adhiere a la demanda del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, explicó Ana Natalucci, investigadora del CONICET y profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, especializada en movimientos sociales y acción colectiva.

El eje del reclamo es la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por los parlamentarios. El gobierno la llevó ante la Justicia argumentando que choca con su política de equilibrio fiscal. “La única ley que vamos a cumplir es la del presupuesto”, respondió el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Para Natalucci, esa posición cambia el marco del debate: “Lo que se está pidiendo es que el gobierno cumpla una ley, que es un principio republicano básico. Ya dejó de ser solamente un cuestionamiento al financiamiento o a los salarios”.

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El impacto en las aulas es concreto. Los sindicatos docentes denunciaron una pérdida del 46% del poder adquisitivo desde que Milei llegó al poder, con más de 10.200 renuncias en el sector. La propia Natalucci lo ilustró con su caso: “Yo tengo una cátedra, 17 años de antigüedad, y gano alrededor de 350 mil pesos por mes. No sé si eso llega a 250 dólares”. A eso se suman los recortes a becas, subsidios de investigación y financiamiento para proyectos científicos. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA lleva tres meses en huelga y los hospitales universitarios, según sus propias autoridades, están al borde del colapso.

“Estoy acá para defender la educación pública”, dijo Renata López, estudiante de Letras de 18 años, frente a la Casa Rosada. Entre las pancartas que cubrieron la plaza, una frase resumía el clima: “Los brutos nos quieren brutos”.

Para Natalucci, la universidad pública tiene un peso simbólico que va más allá de las aulas: “La idea de la primera generación universitaria conecta directamente con la movilidad social ascendente: la idea de que el hijo de un trabajador pueda convertirse en médico, profesional o científico”. Y advirtió sobre lo que se pierde cuando eso se quiebra: “Este tipo de crisis tarda muchísimo tiempo en recomponerse, cuando logra recomponerse”.

Según la prensa argentina, la clase media está recortando gastos y cambiando sus hábitos de consumo.

El transporte público se encarece y golpea a los más pobres

Argentina mantiene un sistema de transporte integrado con trenes y subterráneos que funcionan hace más de 100 años. Actualmente, mientras el Índice de Precios al Consumidor subió 33% en términos interanuales, el gasto en transporte creció 76% en el mismo período, según el IIEP con datos de abril de 2026. En el AMBA, ese ítem representa hoy el 50% de la canasta total de servicios públicos de un hogar promedio —agua, luz, gas y colectivos— y equivale a 107.187 pesos mensuales.

La oferta de colectivos cayó 30% respecto de los niveles habituales. La contracción fue más pronunciada en los servicios interjurisdiccionales, donde el recorte llegó al 40%, mientras que las líneas exclusivas de Buenos Aires retrocedieron solo 5%. La flota operativa en marzo de 2026 ya era 12% inferior a la de 2019: 2.359 unidades menos en la calle. Y la antigüedad promedio de los vehículos en circulación trepó a 7,4 años, con una tasa de obsolescencia del 30%.

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La demanda acompañó esa contracción. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), el número de pasajeros en el AMBA bajó un 21% en el último año. El IIEP vincula esa caída directamente al encarecimiento del servicio.

El sistema ferroviario siguió la misma lógica. El “Plan de Emergencia Ferroviaria” derivó en una reducción del 30% promedio de los servicios. Las líneas Mitre, Sarmiento y Roca perdieron 28,9%, 9,6% y 7,2% de usuarios respectivamente durante 2025. El subterráneo aplica una fórmula de actualización automática —inflación más dos puntos porcentuales adicionales— que el gobierno de Jorge Macri presentó como una forma de “despolitizar” las tarifas. En la práctica, transfirió costos crecientes a los usuarios.

“El boleto aumentó muchísimo. En una semana subió 150 pesos y hoy ronda los mil pesos. Para quienes vivimos en el área metropolitana, eso es muy grave porque normalmente usamos dos o más transportes por día”, señaló Natalucci. Y añadió una dimensión que suele quedar fuera del debate, pero que conecta directamente con la calidad de vida: “Hay algo de lo que se habla poco: las infancias. Muchos chicos pasan muchísimo tiempo solos porque sus padres están trabajando todo el día”.

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Economía familiar en jaque

Para noviembre de 2025, el transporte representaba el 23% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, frente al 16,4% de un año antes. Esa diferencia no refleja una mejora del servicio, sino tarifas que subieron sistemáticamente por encima de la inflación y de cualquier recomposición salarial.

El impacto es desigual por definición. Quienes tienen vehículo propio o acceso a distintos modos de traslado destinan una fracción menor de sus ingresos a moverse. Para los sectores populares no existe esa alternativa: el colectivo o el tren son la única opción. Y cuando el boleto sube, algo cede en el presupuesto familiar —generalmente la comida, la salud o la continuidad educativa.

Natalucci lo vio en sus propios estudiantes: "El año pasado y también este año vi estudiantes que se quedaron sin trabajo o que no podían asistir siempre a clases. Varios alumnos excelentes no pudieron continuar porque el trabajo no se los permitía. Hoy estamos en niveles muy altos de pluriempleo. Muchísima gente tiene dos o tres trabajos para llegar a fin de mes, y eso también afecta a los estudiantes".

En paralelo, la estructura empresarial del sector concentra poder en pocas manos. En 2026, siete grandes corporaciones controlan más del 40% de las unidades en el AMBA. Ese proceso viene de lejos: de 120 empresas en 1982 se pasó a 64 grupos hacia 2005. Hoy esos conglomerados diversificaron sus negocios hacia el combustible, los seguros y el mercado inmobiliario. El IIEP señaló su negativa a reducir márgenes de ganancia como una variable central en la reducción de frecuencias del primer cuatrimestre de 2026.

Fuerte desgaste social para Javier Milei

La última encuesta del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés —realizada entre el 6 y el 8 de mayo de 2026 sobre 1.006 personas mayores de 18 años— refleja el estado de ánimo de un país en tensión. El 60% desaprueba la gestión presidencial, frente al 37% que la aprueba. La satisfacción con el Poder Ejecutivo cayó tres puntos y quedó en apenas 23%. Solo el 29% está conforme con la marcha del país.

El 58% considera que la situación nacional empeoró respecto de hace un año. En el plano personal, el 56% afirma que su economía está peor que en mayo de 2025. Las principales preocupaciones son los bajos salarios y la falta de trabajo —37% cada uno—, seguidos por la corrupción (36%), la pobreza (30%) y la inseguridad (26%).

Las emociones que genera el presidente también marcan una grieta. Entre quienes lo aprueban, predomina la esperanza. Entre quienes lo rechazan —el 60%— aparecen vergüenza, rechazo y asco. "El gobierno está muy deslegitimado por distintos hechos de corrupción y, hasta ahora, en casi dos años y medio de mandato, no negoció con nadie", sostuvo Natalucci.

En el mapa opositor, el informe detecta varios referentes con adhesión similar pero sin un liderazgo unificado. Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner alcanzan 49% de imagen positiva entre quienes rechazan al gobierno, mientras Myriam Bregman llega al 46%. Mientras tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni registró el diferencial más negativo del gabinete: -59 puntos, con 73% de desaprobación.