
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia impuso una sanción histórica a la campaña de Gustavo Petro, 'Petro Presidente 2022', al confirmar que superó los topes de financiación establecidos en ambas vueltas presidenciales. Además, el CNE halló que la campaña incurrió en financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable. La sanción fue aprobada por el pleno del CNE con una votación de 6 votos a favor y 3 en contra.
Los magistrados que respaldaron la decisión fueron Benjamín Ortiz, ponente del caso, junto a Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Álvaro Hernán Prada, y el conjuez Majer Abushihab. En contra de la sanción votaron Cristian Quiroz, Fabiola Márquez, y el conjuez Jorge Acuña, mientras que la magistrada Alba Lucía Velásquez se apartó por estar recusada, y Álvaro Echeverry se declaró impedido debido a su relación laboral previa con la campaña del Pacto Histórico.
La decisión marca un hito en la regulación de las campañas presidenciales en Colombia, pues esta es la primera vez que el organismo electoral toma una medida de este tipo contra una campaña presidencial en el país.
Durante la primera vuelta presidencial, la campaña violó los topes de ingresos y gastos por un total de 2.459 millones de pesos, mientras que la omisión total de reportes alcanzó los 2.611 millones de pesos. Por esta razón, el CNE ordenó la devolución al Estado de 2.447 millones de pesos. En la segunda vuelta, el exceso fue de 583 millones de pesos, mientras que la omisión llegó a 1.087 millones de pesos, lo que sumó un total de más de 3.500 millones de pesos en irregularidades.
Entre los principales desembolsos no reportados que contribuyeron al incumplimiento figuran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y gastos de transporte aéreo. Un caso destacado fue el aporte de 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que, a través del movimiento Colombia Humana, financió parte de la campaña.
Además, se encontraron aportes omitidos de la Unión Sindical Obrera (USO) por más de 500 millones de pesos, los cuales fueron utilizados para transporte, alimentación y logística durante las dos vueltas electorales.
El CNE también detectó pagos no declarados a testigos electorales, que sumaron 931 millones de pesos en la primera vuelta y 177 millones de pesos en la segunda, mediante la empresa Ingenial Media S.A.S.. Asimismo, se descubrieron maniobras contables, como la exclusión y posterior reincorporación de una factura de Caracol TV por 356 millones de pesos, alterando la realidad financiera de la campaña.
En el evento de cierre del 19 de junio de 2022, celebrado en el Movistar Arena, la campaña reportó 150 millones de pesos, pero omitió 100 millones que presuntamente fueron pagados por la empresa ServiRed S.A.S.. Por estos gastos no reportados y por tratarse de financiación proveniente de personas jurídicas, el CNE ordenó la devolución de más de 3.150 millones.
La sanción también alcanzó a los responsables de la campaña, incluyendo a Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, quien fue hallado culpable de actuar con dolo en la ocultación de ciertos costos, así como a la tesorera, Lucy Aydee Mogollón Alfonso, y a la auditora interna, María Lucy Soto Caro.

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