La administración de Donald Trump ha reforzado su enfoque en la migración ilegal en Estados Unidos. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alertó que los inmigrantes indocumentados que se vean implicados en incidentes graves, como atropellos, podrían ser deportados de manera inmediata. Esta medida refleja un endurecimiento en las políticas migratorias del gobierno actual.
La declaración de Noem se emitió luego de un trágico suceso en Texas, donde una joven de 18 años perdió la vida tras ser atropellada por una inmigrante venezolana indocumentada que conducía una moto acuática. En este contexto, Donald Trump reafirmó su postura, enfatizando que cualquier inmigrante indocumentado implicado en un delito grave podría ser deportado de manera inmediata, sin necesidad de un prolongado proceso judicial.
Kristi Noem confirmó que la administración de Donald Trump aplicará con más firmeza la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta norma permite identificar y deportar de Estados Unidos a inmigrantes indocumentados, especialmente si están involucradas en delitos graves como atropellos, homicidios involuntarios o si huyen tras un accidente.
Según Noem, en estos casos los inmigrantes indocumentados no solo enfrentarán cargos penales, sino que también podrían ser deportados de manera más rápida. Además, se está promoviendo la salida voluntaria del país como una opción para evitar sanciones más severas, como multas elevadas o penas de cárcel.
La administración de Donald Trump ha vuelto a endurecer la postura frente a la migración ilegal en Estados Unidos. Foto: composición LR
Durante el Gobierno de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó los operativos para localizar y detener a inmigrantes indocumentados.
En estados como California y Maryland, se han reportado casos de personas arrestadas mientras intentaban renovar la licencia de conducir. Según The Washington Post, el ICE habría accedido a bases de datos estatales sin orden judicial para identificar a personas sin estatus legal.
Además, la administración de Trump volvió a implementar sanciones establecidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que contemplan multas por no informar cambios de domicilio, penas de prisión para quienes se resistan a abandonar el país, y cargos criminales por permanecer en Estados Unidos sin autorización legal.





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