Gobierno de Javier Milei busca vender Aerolíneas Argentinas en medio de paro de gremios aeronáuticos

Manuel Adorni, vocero presidencial, sorprendió al anunciar que el Gobierno de Javier Milei está evaluando transferir la gestión de Aerolíneas Argentinas a empresas privadas latinoamericanas. La decisión surge como respuesta a los continuos paros organizados por el sindicato de pilotos, liderado por Pablo Biró. Según Adorni, estas "extorsiones" han obligado al Gobierno a buscar alternativas para garantizar la operación de la aerolínea.

"En virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conduce Pablo Biró y compañía, que afectaron a cerca de 40 mil pasajeros, el gobierno nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas", indicó Adorni en su habitual conferencia de prensa.

La nueva medida contra los sectores aeronáuticos

Adorni subrayó que la administración de Javier Milei está comprometida con la ley y el orden en Argentina, advirtiendo que quienes desafíen estas normas enfrentarán severas consecuencias. En una clara confrontación con los gremios del sector aeronáutico, Adorni aseguró que el Gobierno eliminará los piquetes y los privilegios asociados a la "casta aeronáutica".

"En una empresa privada, si haces un paro, no trabajas y complicas la operatoria, te echan. La intención es que ese destino lo tengan quienes le complican la vida a miles y miles de argentinos con estas medidas", indicó el vocero presidencial.

Luego de una reunión en el Ministerio de Economía, el Gobierno anunció una controvertida decisión para frenar lo que considera "la extorsión permanente" de los gremios de Aerolíneas Argentinas, según informaron desde la cartera liderada por Luis Caputo.

Negociaciones con los gremios

En cuanto a las negociaciones laborales con Aerolíneas Argentinas, Adorni reveló que dos de los gremios involucrados, que abarcan cerca del 30% del personal, han aceptado la propuesta salarial de la empresa. No obstante, destacó que ningún trabajador se ha sumado al programa de retiros voluntarios, sugiriendo que la insatisfacción con las condiciones laborales no es tan pronunciada como se había planteado.

Este desarrollo siguió a una reunión en el Ministerio de Economía, donde se discutió cómo poner fin a lo que el Gobierno considera una "extorsión constante" por parte de los sindicatos de la aerolínea.

Paro en el sector aeronáutico

Un nuevo paro en 27 aeropuertos de Argentina es liderado por los trabajadores de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Es la primera huelga desde que se reglamentó la esencialidad del servicio.

"Tenemos que denunciar al Gobierno que lleva adelante una actitud temeraria. A pesar de que ATE notificó esta medida de fuerza en tiempo y forma, la intervención de la ANAC no informó a las empresas aéreas; por el contrario, envió una orden a los jefes de aeropuerto para que no emitan una notificación a los pilotos informando la medida de fuerza", indicó un gremialista en declaraciones a radio Splendid.

Las líneas aéreas que podrían operar la empresa

Recientemente, Adorni sugirió que el Gobierno está en conversaciones con empresas regionales, lo que abre un abanico de posibilidades, dado que en Sudamérica operan al menos 17 aerolíneas relevantes. La más destacada es Latam, aunque la compañía ha negado mantener diálogos con el Gobierno en la actualidad.

Junto a Latam, otras aerolíneas significativas en la región incluyen Avianca, Azul Airlines, GOL, JetSmart, Sky Airline y Wingo. De estas, Sky Airline y JetSmart tienen una notable presencia en Perú, aumentando la competencia en el mercado aéreo local.

Cabe indicar que el Gobierno no inició un proceso formal de privatización de Aerolíneas Argentinas, a pesar de las declaraciones de Javier Milei sobre la necesidad de que todas las empresas del Estado sean gestionadas por el sector privado o desaparezcan en su forma actual. La privatización de Aerolíneas Argentinas enfrenta un obstáculo importante: la necesidad de una ley del Congreso para llevar a cabo este proceso.