Londres. EFE
Amnistía Internacional (AI) cerró el año acusando a los países ricos y las farmacéuticas de impedir “una vacunación equitativa” al desoír los llamamientos para que facilitasen la inmunización de, al menos, un 40% de la población de los Estados de ingresos medianos y bajos.
La organización de defensa de los derechos humanos lamenta que esos gobiernos y empresas “hayan hecho caso omiso” de las peticiones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que donasen suficientes vacunas a los países en desarrollo.
“A pesar de que el mundo ha producido alrededor de 11.000 millones de dosis vacunales, solo el 7% de la población de los países de ingresos bajos ha recibido una primera dosis”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de AI.
Callamard sostiene que “los países ricos y las empresas farmacéuticas han fracasado catastróficamente al no garantizar el acceso equitativo a las vacunas”.
Como ha demostrado la variante ómicron, “no vacunar a todo el mundo —con independencia del lugar donde vivan— hace que toda la población mundial sea vulnerable a nuevas variantes”, afirma la activista, que añade: “La única forma de romper este círculo vicioso es garantizando que todas las personas tienen acceso a las vacunas”.
AI recuerda que el pasado junio el G7 se comprometió a enviar 1.000 millones de dosis en 2021, lo que no ha ocurrido.
Los representantes del G7 realizarán una cumbre desde este viernes hasta el domingo. Foto: Efe
Las empresas farmacéuticas “tampoco han estado a la altura de las circunstancias”, reprocha Amnistía Internacional.
Así, denuncia que la estadounidense Pfizer “ha afirmado de forma engañosa que su vacuna estaría ‘disponible para cualquier paciente, país y comunidad que busque acceder a ella’, cuando, en realidad, ha entregado la gran mayoría de sus vacunas a países de ingresos altos y medios-altos”.
Su rival, Moderna, también ha dado prioridad a las ventas a países ricos, pese a recibir ayudas públicas.
Denuncia. Firmas como Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson se negaron a levantar la protección de la propiedad intelectual con otras empresas.