El propietario de un local en el municipio de Vizcaya, en España, está acusado de haber despedido a una joven que se negó a abortar. Y es tan solo una de las acusaciones que enfrenta, mientras es investigado por la brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.
Según la documentación del caso, a la que accedió el medio local elDiario.es, una mujer quedó embarazada y lo comunicó a una encargada de la empresa. Tanto ella como el dueño le sugirieron el nombre de una clínica que por 400 euros le permitiría abortar, y le ofrecieron “costear los gastos médicos”.
Ella respondió que no y al día siguiente el propietario la esperó “en la puerta de la empresa” y le informó que no iba a laborar más.
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En tanto, el empleador lo niega. “Eso es una maniobra orquestada por una señorita que aprovechándose de la situación está haciendo lo que no debe”, respondió.
Sumado a esto, el acusado, llamado F.J.G.Á., empleaba de manera habitual a gran cantidad de extranjeros a los que no tenía habilitados en la Seguridad Social, por lo cual les pagaba menos del salario mínimo interprofesional e incluso los instruía para esconderse en congeladores en caso de inspección.
Por ello, el sujeto está imputado por presuntos delitos de coacciones y contra los derechos de los trabajadores.
“Forma parte de la misma artimaña. Son amigos compinchados para conseguir un objetivo”, contestó el empresario. Sin embargo, los denunciantes sostienen otra versión.
Una de esas personas, una testigo colombiana de 46 años, confesó que necesitaba el dinero para poder cubrir las necesidades de sus hijos en Colombia, y por eso “trabajaba todas las horas que podía”.
En la primera inspección, le ordenaron esconderse, y luego de que se retiraran los funcionarios, el personal irregular pasó 10 días sin trabajar. Posteriormente les cambiaron el horario de 10.00 p. m. a 6.00 a. m.
“Nos dijo que era para que, si había más inspecciones, no nos pillaran”, reveló la mujer.