
La gentrificación en México ha pasado de ser un fenómeno aislado a consolidarse como una estrategia urbana con profundas consecuencias sociales. El aumento de rentas, el desplazamiento de vecinos y la llegada de inversiones privadas han modificado de manera acelerada el tejido de barrios tradicionales, elevando el costo de vida y transformando la identidad de la ciudad.
En una entrevista exclusiva para La República, Maribel Ramírez González, licenciada en Sociología y especialista en procesos gentrificadores, afirma que el gobierno es el principal motor de este desplazamiento silencioso. Según la experta, la administración pública favorece el negocio inmobiliario sobre el derecho a la vivienda, impulsando la reconfiguración de barrios enteros en Ciudad de México y acelerando la expulsión de sus habitantes originales.
La licenciada Maribel Ramírez González, socióloga y estudiante de maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, aseguró que la gentrificación en México no puede reducirse a la presencia de turistas o extranjeros. De acuerdo con la experta, este fenómeno urbano es una estrategia institucionalizada desde el Estado para reconfigurar el uso del suelo con fines económicos, desplazando silenciosamente a las comunidades locales.
“Hay mucho sensacionalismo en torno a la gentrificación. La verdadera causa no es el extranjero tomando café en la Roma-Condesa, sino las políticas públicas que permiten y promueven la transformación inmobiliaria de zonas populares”, señaló Ramírez. Según sus estudios, este proceso ha sido promovido desde finales del siglo XX y se ha acelerado en las últimas dos décadas con figuras como los Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) en Ciudad de México.
Según la experta, la gentrificación en México es un proceso urbano de reconfiguración territorial impulsado por intereses estatales y del capital inmobiliario. “Consiste en transformar zonas previamente fabriles o populares, dotándolas de nuevos usos de suelo para vivienda vertical, oficinas y comercios de alto valor económico”, explica.
Este fenómeno implica un desplazamiento indirecto de los habitantes originales, quienes no pueden asumir el incremento en los precios del agua, predial, renta y servicios. En zonas como Ampliación Granada, donde antes se ubicaban fábricas de dos niveles, hoy se erigen torres de 25 pisos que combinan usos mixtos y rentas que oscilan entre los 25,000 y 40,000 pesos mensuales.
Aunque suelen confundirse, la gentrificación y la turistificación tienen diferencias claras. La primera está relacionada con el cambio de uso de suelo y la transformación urbana para clases con mayor poder adquisitivo. La segunda responde a la adecuación de espacios para el turismo masivo, a menudo impulsado por plataformas como Airbnb.
“En la Roma-Condesa, lo que vemos es turistificación: se prioriza el consumo cultural, lo ‘instagrameable’ y los servicios gourmet. Esto termina desplazando a residentes locales por aumento de rentas y pérdida del tejido comunitario”, señala la especialista. Sin embargo, advierte que la turistificación puede ser una puerta de entrada a procesos gentrificadores más profundos.
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A diferencia de las narrativas que responsabilizan al mercado o a actores internacionales, Ramírez sostiene que el Estado es el verdadero promotor del fenómeno. “Las políticas públicas, como el SAC o la Norma 26, permiten al Estado cobrar por cada nivel adicional construido, generando fideicomisos millonarios sin fiscalización clara”, denuncia.
Estos sistemas funcionan así: los desarrolladores inmobiliarios pagan al Estado por aumentar la densidad permitida en un terreno. A cambio, obtienen permisos para construir más niveles y viviendas. “El valor real de una vivienda en obra negra puede ser de 800,000 pesos, pero se vende en hasta 6 millones debido a las cuotas pagadas al gobierno”, precisa.
El caso del Zócalo capitalino es emblemático. Allí, la inversión del empresario Carlos Slim reemplazó el comercio informal con cafés y tiendas gourmet en edificios históricos. Esto ocurrió bajo el discurso de modernización, pero generó un desplazamiento económico y cultural. “El Estado impulsa estas transformaciones, pero no genera vivienda accesible para la población trabajadora”, recalca.
Uno de los efectos más graves de la gentrificación en México es el desplazamiento indirecto de habitantes que no pueden sostener el nuevo costo de vida. “Una familia que pagaba 5,000 pesos de renta, ahora ve su vivienda listada en Airbnb por 25,000”, señala la experta.
Además del impacto económico, existe una pérdida significativa del tejido comunitario y de la memoria colectiva. Comercios tradicionales son reemplazados por tiendas boutique; parques y espacios públicos son revalorizados para atraer capital; y barrios enteros pierden su identidad original. “Esto no es accidental, es un rediseño planificado del espacio urbano con fines de acumulación”, afirma Ramírez, citando a autores como Neil Smith, David Harvey y Loretta Lees.

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