
Un inmigrante cubano de 40 años, identificado como Yunier Pérez-Bertemati, fue imputado oficialmente en el Distrito Medio de Florida por múltiples cargos federales relacionados con fraude financiero y violaciones migratorias.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el acusado había ido a presentar una solicitud de ciudadanía estadounidense mientras formaba parte de una organización dedicada al robo de información financiera.
De acuerdo con la acusación, entre noviembre de 2023 y enero de 2025, Pérez-Bertemati habría comercializado tarjetas de crédito y débito clonadas, las cuales contenían datos sustraídos de cuentas legítimas.
Asimismo, se dedicaba a la distribución de dispositivos especializados para la obtención ilegal de información, empleados en cajeros automáticos y estaciones de servicio. Estos aparatos, denominados skimmers, capturan los datos de las tarjetas durante las transacciones, sin que los usuarios sean conscientes de que están siendo afectados por un fraude.
Durante el proceso de naturalización ante el USCIS, Yunier Pérez-Bertemati proporcionó datos falsos tanto en su solicitud de ciudadanía estadounidense como en una entrevista con un oficial de inmigración. Esta falta constituye una infracción grave que puede derivar en la denegación inmediata de la solicitud y otras posibles sanciones.
La investigación, en la que colaboraron el USCIS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Cumplimiento de la Ley Agrícola del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, reveló que el acusado suministró información falsa durante su trámite migratorio.
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Pérez-Bertemati será juzgado por el fiscal federal adjunto Robert D. Sowell y podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión por el cargo de presentar declaraciones falsas en la solicitud de naturalización, además de 5 años adicionales por proporcionar información falsa durante la entrevista con un agente federal.
Asimismo, enfrenta una pena máxima de 10 años en una prisión federal por cada cargo relacionado con el fraude mediante dispositivos de acceso, 15 años por los cargos vinculados a la fabricación de dichos equipos, y dos años más por los cargos de robo agravado de identidad.
Además, se busca la confiscación de 9,650 dólares, monto que se considera producto del delito. Este caso forma parte de la iniciativa denominada Operación Recuperando a América, cuyo objetivo es combatir el crimen transnacional asociado al fraude migratorio.
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