Mucho cuidado, inmigrantes en EEUU: conoce el trámite obligatorio con USCIS para evitar problemas en 2025
En 2025, todos los inmigrantes en Estados Unidos deberán cumplir con el Registro de Extranjeros, un requisito del USCIS para mejorar el control migratorio y la seguridad nacional.
En 2025, los inmigrantes en Estados Unidos deberán cumplir con un requisito esencial establecido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Esta medida tiene como objetivo reforzar el control migratorio y asegurar un registro actualizado de todos los extranjeros que habitan en el país.
La iniciativa responde a un intento del gobierno por fortalecer la seguridad nacional y asegurar que se respeten las normativas migratorias, en especial en los casos de estadías prolongadas en Estados Unidos.
¿Cuál es el trámite obligatorio para inmigrantes en 2025, según USCIS?
El trámite obligatorio al que deben acogerse todos los inmigrantes en Estados Unidos en 2025 se denomina Registro de Extranjeros o Alien Registration. Este procedimiento fue establecido a partir de la Orden Ejecutiva 14159, que obliga a que toda persona extranjera mayor de 14 años que haya permanecido en el país por más de 30 días se inscriba formalmente ante USCIS.
Para realizar el registro, los inmigrantes deben seguir estos pasos:
- Completar el Formulario G-325R de manera digital a través del portal oficial de USCIS, my.uscis.gov.
- Crear una cuenta personalizada en el sitio web para gestionar el trámite.
- Presentarse a una cita presencial donde se tomarán huellas dactilares, fotografías y se firmarán documentos.
- Verificar la identidad y actualizar la información biométrica para garantizar la autenticidad del registro.
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¿Qué sanciones enfrentarán los inmigrantes al no realizar el trámite obligatorio?
El incumplimiento de este registro puede acarrear consecuencias legales severas. Según las disposiciones vigentes, quienes no completen el trámite estarán sujetos a multas civiles que pueden alcanzar hasta los US$5.000, según Diario AS. Además, las autoridades tienen la facultad de imponer penas penales que incluyen hasta seis meses de prisión, según la gravedad y reincidencia del incumplimiento.
Estas sanciones no solo representan un riesgo económico y legal para los inmigrantes, sino que también pueden afectar su reputación ante las autoridades migratorias, dificultando procesos futuros como la renovación de visas, solicitudes de residencia permanente o ciudadanía.
