Expertas en derechos humanos de la ONU condenaron un proyecto de ley presentado el 11 de enero de 2021 en Honduras, el cual busca la “prohibición absoluta” del aborto en el país centroamericano, y exhortaron al Congreso a no aprobarlo por ir en contra de los estándares internacionales y recomendaciones de organismos de derechos humanos.
Se calcula que cada año ocurren entre 51.000 y 82.000 abortos inseguros en dicho país y este, a su vez, tiene la segunda mayor tasa de embarazos adolescentes en Latinoamérica, según la ONU. Por ello, el Sistema de Naciones Unidas manifestó su “preocupación” y exigió al Gobierno “modificar con carácter urgente su legislación para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar que no deban ocurrir abortos clandestinos que pudieran poner en peligro sus vidas y salud”.
De aprobarse el proyecto presentado por el vicepresidente del Parlamento, Mario Pérez, el Sistema de la ONU señaló que “se profundizaría el problema de salud pública que la penalización del aborto en todas sus modalidades provoca, al obligar a las mujeres a practicarse abortos de forma insegura”.
Honduras es uno de los pocos países en el mundo que penaliza el aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de las mujeres embarazadas está en peligro, así como en casos de malformación grave del feto.
“La prohibición absoluta del aborto vulnera la dignidad humana y el derecho a la vida y la salud de las mujeres y su incorporación en la norma fundamental del país favorecería un marco legal discriminatorio por razones de género”, lamentó la ONU.
En ese sentido, el organismo internacional pidió a los diputados hondureños tener en cuenta que el aborto practicado en condiciones insalubres “es una de las principales causas de muerte materna en el mundo”.
“La penalización del aborto y la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros han derivado en el encarcelamiento de mujeres”, agregaron las expertas de la ONU.
Al igual que la interrupción voluntaria del embarazo, la ley vigente también prohíbe el uso, la venta, la distribución y la compra del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), más conocida como píldora del día siguiente.
“La falta de accesibilidad a la anticoncepción, particularmente en las zonas rurales, junto con la prohibición de la anticoncepción de emergencia, contribuye a una alta tasa de embarazos forzados, incluidos embarazos de adolescentes”, recalcaron las especialistas.