Para las Elecciones Regionales y Municipales (EMR) del 2 de octubre de 2022 existen candidatos con sentencias penales y civiles que forman parte de Fuerza Popular, Somos Perú, Movimiento Regional Construyendo, Acción Popular, Partido Frente de la Esperanza 2021, en la región Lambayeque. Ante este panorama que es recurrente en los diferentes procesos electorales, el politólogo Roger Santa Cruz remarcó que los partidos y movimientos regionales solo demuestran debilidad institucional y estructural en las reglas de juego.
Según la información de los postulantes en sus hojas de vida, las cuales se consignan en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Miguel Ángel Bartra Grosso, tiene una resolución penal del Octavo Juzgado Unipersonal por el delito contra la voluntad popular. La pena privativa de dos años se rehabilitó en 2003.
De la misma agrupación, el candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJL), Óscar Enrique Maeda Asencio, informó sobre 11 denuncias por delito de difamación agravada y calumnia. Del total de procesos, se detalló que tienen sentencias absolutorias, sin fallo y pena convertida.
En tanto, el excongresista Clemente Flores Vílchez registra una sentencia por pensión alimenticia que emitió el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita (Lima) conforme al Expediente n.° 01455-2018; así como una resolución por ejecución de garantías del Juzgado Civil de Lambayeque, tal como lo indica el Expediente n.° 121-2018.
El Jurado Electoral Especial de Chiclayo otorgó 3 días para que la personera de Perú Libre realice descargos. Foto. Rosa Quincho/ La República
Fuerza Popular tiene en sus filas al exgerente del Gobierno Regional de Lambayeque, Eduardo Jacinto Teque, que aspira al sillón municipal de Lambayeque. Sin embargo, en 1999, Jacinto fue condenado a cuatro años de pena suspendida por el delito de concusión, y en 2012 el Juzgado Penal de Lambayeque lo sentenció a dos años de pena privativa por el ilícito contra la fe pública.
En la misma organización política está Guzmaro Bazán Mendoza, que postula a regidor de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe (MPF). El Juzgado de Instrucción Preparatoria lo sentenció a un año de pena privativa por el delito de usurpación.
Asimismo, Fernando Antonio Carpio Cubas es candidato a la alcaldía de Chiclayo por el Partido Frente de la Esperanza 2021. De acuerdo a su hoja de vida, registra dos sentencias por los delitos: contra la vida, el cuerpo y la salud, y contra la seguridad pública, según el Expediente n.° 1666-2004.
El politólogo Roger Santa Cruz manifestó a La República que las características de los candidatos reflejan un sistema democrático débil y evidencia una élite política dominante que impide participar a militantes con un historial legal limpio y transparente.
“Las denuncias y sentencias llevan a un desencanto de la clase política, pues demuestran debilidad institucional y estructural en las reglas de juego. Los partidos y movimientos regionales se han convertido en vehículos políticos en el afán de obtener beneficios personales y no colectivos”, remarcó Santa Cruz.