César Azabache: “Desde el primer momento, la solicitud de Fuerza Popular, vencido el plazo, debió ser desestimada”
Abogado y catedrático, exmiembro fundador de la Procuraduría Anticorrupción, sostiene que las denuncias por parte de Fuerza Popular “anuncian una situación de oposición política muy similar al 2016″.
¿Qué se le cuestiona al Jurado Nacional de Elecciones?
Cuando aprobó la reapertura de los plazos que ya se habían cerrado. El día viernes 11 de junio reabrió los que se había cerrado dos días antes (miércoles 9 a las 8 p. m.), pero luego dejó sin efecto esa decisión, y confirmó que el plazo estaba cerrado. Eso no debió ocurrir, pues ha creado mucha confusión, expectativas que se traducen en frustraciones, en un debate legal innecesario. Desde el primer momento, la solicitud de Fuerza Popular, vencido el plazo, ha debido ser desestimada. Las reglas están dadas y se respetan desde que un proceso electoral comienza.
¿El Dr. Castiglioni, jefe del equipo legal de Fuerza Popular, insiste en que la fecha de caducidad para presentar recursos de nulidad es “cuestionable”?
Creo que ahí hay una confusión. Eso, en teoría, es imaginable, pero lo cierto es que el jurado mantuvo su hora de cierre a las ocho de la noche. Y eso es de conocimiento público. Las partes lo saben y nadie lo objetó. Si los señores Castiglioni y Urviola dicen que “sería mejor que el plazo hubiese sido a la medianoche”, es posible, pero para el próximo proceso electoral, para este ya llegaron tarde.
¿En qué se equivoca en su demanda Fuerza Popular?
Al insistir en la petición del cambio de reglas de los plazos (de presentación de recursos).
¿Qué hay con las denuncias de supuesto “fraude” o “irregularidades”?
Los casos de nulidad por supuesto parentesco, de acuerdo a la ley electoral, no pueden discutirse si es que no se objetan en la instalación de la mesa por parte de los personeros. Lo que se sanciona con nulidades son actos dolosos: amenaza a electores, falsificación de documentos, violencia sobre los personeros. Solo esto puede provocar una discusión sobre nulidad. Los otros (dos) grupos de casos tienen defectos de completitud. Sobre la firma, hay que tener el testimonio de la persona que no acepta la consignada y saber si es que estuvo en el lugar de los hechos. La República ha presentado testimonios de más de 25 casos en los que las personas han confirmado su firma (o rasgos) y que han estado en el lugar (de votación). El otro grupo se refiere a votos en el sur del Perú, en donde FP tiene cero o un voto. Hay que ver lo que obtuvo en la primera vuelta; si es diminuto y no tiene impacto electoral, la singularidad llamativa se disuelve automáticamente. Resulta que nada de estos indicadores estadísticos ha presentado Fuerza Popular, que tiene un desfase entre discurso y evidencia.
¿Cuáles son las falencias de nuestro sistema electoral?
El problema no está ahí. Está en las decisiones jurisdiccionales sobre el sistema político. En un entorno estable la decisión del jurado sería acatada y pondría punto final a todo. En el momento en el que estamos, la decisión del JNE parece estar gatillando un proceso en formación de objeciones, cuestionamientos y generación de una narrativa basadas en deseos y no en evidencia. El caso electoral ya no tiene fundamento, aunque las denuncias se deben investigar, y, de ser necesario, quien corresponda asumirá las consecuencias.
No son las expectativas de Fuerza Popular las que van a determinar el sentido de las cosas. Sus sospechas, que carecen de significado electoral, no tienen por qué alterar el calendario de estos comicios.
¿Qué sentido tiene que FP anuncie más recursos como los de amparo y hábeas data?
Desde mi punto de vista, ninguno. Que se investigue, pero que no haya más dilación con el cumplimiento de los plazos electorales establecidos por la Constitución.
¿No hay ninguna sanción jurídica contra las denuncias falsas o desmentidas que crean un clima de desinformación?
Hay que evitar que escalen las narrativas basadas en suposiciones, no hay que multiplicar la conflictividad.
¿Fuerza Popular tiene el propósito de evitar la proclamación de Pedro Castillo?
Es mi temor. Aunque el criterio legal no les alcanza para lograr ese objetivo. Pero sí hay que avanzar en la investigación acerca del fondo de todo esto. Hay una importante pista que nos han dado las más de veinticinco personas que han desmentido las denuncias de FP.
Ahí hay que trabajar para despejar todo tipo de sospecha y evitar toda conflagración de magnitud impredecible.
¿Adelanta opinión el Dr. Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional y ahora nuevo integrante del equipo legal de Fuerza Popular, al insinuar que “si hasta el 28 de julio no hay una decisión (del JNE para proclamar presidente), el titular del Congreso asumiría la presidencia hasta esperar el fallo definitivo del JNE”?
Lo he escuchado a él y al señor (Jorge) Montoya, exvicealmirante y virtual congresista, además el más votado. No veo manera de frenar el calendario de cambio de gobierno, establecido por la Constitución, ninguna denuncia paralela puede sobreponerse sobre ella.
Urviola también se ha referido a la “posibilidad remota de nuevas elecciones”.
La Constitución Política, que Fuerza Popular defiende, no contempla nuevas elecciones por retraso electoral.
¿Existe el propósito de promover un golpe de Estado?
Hay una narrativa, que puede llegar a ser agresiva, con la intención de poner en cuestión la legitimidad del presidente electo, por proclamarse. Espero que todo esto no tenga una posibilidad real con un golpe de Estado. Sin embargo, todos estos casos de denuncias (por parte de Fuerza Popular) anuncian una situación de oposición política muy similar al 2016.
Los partidos y organizaciones sociales, la sociedad civil, los medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo por levantar el velo sobre todo estos hechos y ponerlos en su exacta dimensión para salir de esto de una buena vez.
Nuestra tradición manda que en el mes de junio se proclama al presidente.
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