Pronunciamiento surge ante polémica suscitada por construcción de una mina de oro y plata. Vicepresidente Eduardo Stein anuncia que se buscará consenso para licencias de explotación. Para la Iglesia católica de Guatemala, la minería contamina. EN DEFENSA DE LA VIDA • Pronunciamiento surge ante polémica suscitada por construcción de una mina de oro y plata. • Vicepresidente Eduardo Stein anuncia que se buscará consenso para licencias de explotación. Guatemala. AP. La cúpula de la iglesia católica guatemalteca instó a los sectores organizados de la sociedad a mantener una férrea oposición a la minería a cielo abierto por “sus fatales derivaciones a la vida y la salud”. “Nos sentimos solidarios con los hermanos guatemaltecos, especialmente con los más pobres y abandonados, y no podemos callar cuando vemos que en un futuro muy cercano este tipo de explotación de metales provocará en Guatemala una catástrofe ecológica con fatales derivaciones en la vida y salud”, señaló. El pronunciamiento fue hecho por el obispo Alvaro Ramazzini, titular de la diócesis de San Marcos, en donde actualmente se construye una mina de oro y plata, en nombre de la Conferencia Episcopal de Guatemala. “Invitamos a las instancias académicas, científicas, de la sociedad civil, de derechos humanos, ecologistas, organizaciones sindicales y a los más perjudicados a que no dejen de pronunciarse sobre este tema”, dijo el prelado en rueda de prensa. Sin embargo, exhortó a que la oposición a la minería sea “en forma pacífica”, con el propósito de “dilucidar tan complejo y delicado asunto”. La iglesia católica ha mantenido una confrontación con el presidente Oscar Berger durante los últimos meses a causa de esta polémica. El jueves, la Diócesis de San Marcos organizó una protesta en la cabecera de ese departamento en la que unas 3,000 personas expresaron su repudio a la mina que Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Glamis Gold, construye en las montañas de esa región. El vicepresidente Eduardo Stein manifestó que ante la creciente presión en contra de esa actividad, la posición del gobierno es no extender una sola licencia de explotación minera más, hasta que se hayan alcanzado consensos entre la población.
