
La informalidad laboral entre los jóvenes de 18 a 25 años alcanza el 74,9% y se mantiene como el principal freno para una inserción estable y con derechos.
El último estudio Situación laboral y aspiraciones de jóvenes en Lima — Segunda edición (encargado por Arcos Dorados y elaborado por el PhD. Oswaldo Molina) muestra un panorama donde, pese a la recuperación general del empleo, los menores de 25 años siguen perdiendo terreno en el mercado formal.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Población Económicamente Activa (PEA) juvenil en Lima Metropolitana se redujo 4,4% en el último año y 21,8% respecto a 2019, confirmando que los jóvenes son el grupo con mayor retroceso en participación laboral.
“A los jóvenes les cuesta más acceder a empleos de calidad que a los adultos de 30 años a más, lo cual se refleja en sus mayores niveles de desempleo, subempleo, informalidad e inactividad laboral; así como en sus menores ingresos, estabilidad y acceso a la sindicalización y negociación colectiva”, explica el economista Fernando Cuadros Luque, exviceministro de Promoción del Empleo.
El informe consolida cifras oficiales (INEI) y una encuesta a empleadores de Lima: la tasa de informalidad juvenil ronda el 75%, muy por encima de la de los adultos, y la tasa de desempleo juvenil fue de 12,1% a nivel nacional y 15,4% en Lima en 2025.
Al mismo tiempo, el ingreso promedio de un joven ocupado alcanza apenas S/1.135, frente a S/1.598,5 del promedio de la población ocupada, lo que revela una brecha salarial relevante.
De acuerdo con el informe técnico del INEI, el empleo adecuado solo alcanza al 62,1% de la PEA en Lima Metropolitana, mientras que el 32,2% permanece subempleado y el 5,7% desempleado.
En el caso de los jóvenes de 14 a 24 años, apenas el 7,5% accede a un empleo adecuado, una proporción muy por debajo de la observada en los adultos.
Un hallazgo aparentemente paradoxal: el 92,9% de los empleadores encuestados declara haber incorporado jóvenes entre 18 y 25 años en los últimos 12 meses, y el 94,2% afirma ofrecer empleos formales (según la muestra de 155 empleadores aplicada por Datum en junio–julio de 2025).
No obstante, la participación juvenil en la PEA y el volumen de jóvenes ocupados han caído. En Lima, los jóvenes ocupados pasaron de 811.900 en 2023 a 732.100 en 2025.
Esto coincide con la información del INEI: la población ocupada joven disminuyó en 3,7% solo en el último año, mientras el total de ocupados en la capital creció 3,9%, reflejando una recuperación desigual que beneficia principalmente a los adultos de 45 años o más, cuyo empleo aumentó 8,2%.
El informe ofrece un contraste interesante entre percepciones. Para los empleadores, la falta de experiencia (47,7%) y las carencias en habilidades blandas (responsabilidad, compromiso, pensamiento crítico) son las causas principales que dificultan la contratación sostenible de jóvenes.
Para los propios jóvenes, aunque reconocen la falta de experiencia, pesan más factores del mercado: sueldo bajo (22%) y escasa oferta de empleos formales (21,9%).
El INEI también muestra que los trabajadores con educación superior universitaria o técnica son los únicos grupos donde crece el empleo adecuado: 16,6% y 17%, respectivamente. Esto refuerza la relevancia de la formación técnica y profesional como vía efectiva de inserción laboral.
Cuadros Luque plantea que mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa es clave, pero debe ir articulado a una política de diversificación productiva.
“Se requiere planificar e implementar un conjunto de incentivos económicos para contribuir al despegue de sectores con potencial de generación masiva de empleo asalariado formal, como la agroindustria, textiles y confecciones, metalmecánica, turismo y sus ramas vinculadas (alojamiento, restaurantes, servicios recreativos y transporte)”, señaló.
Dado que los resultados de una política productiva son de mediano plazo, en el portal OtraMirada se puede leer que el exviceminsitro de Empleo propone aplicar un subsidio temporal a la seguridad social en salud y pensiones para incentivar la contratación formal y estable de jóvenes en micro y pequeñas empresas.
La medida consistiría en otorgar créditos a favor de empresas con ventas anuales hasta 1.700 UIT respecto a sus aportaciones a EsSalud y, a favor de los trabajadores jóvenes, respecto a su aporte al sistema previsional.
El beneficio se aplicaría a la contratación de trabajadores entre 18 y 29 años que ingresen por primera vez al mercado formal, hayan estado desempleados por más de seis meses o pasen de contratos temporales a indefinidos.
Los empleadores que los incorporen tendrían un crédito del 100% de sus aportes a EsSalud si los contratan a plazo indeterminado, del 50% si pasan de temporales a estables y del 25% si se trata de contratos a plazo fijo. Los jóvenes, a su vez, recibirían un crédito equivalente a su aporte previsional bajo las mismas proporciones.
El beneficio duraría hasta tres años por trabajador y estaría condicionado a que la empresa incremente anualmente el número y valor de su planilla.
“Se trata de una política activa de empleo que permitiría incentivar la contratación formal sin necesidad de reducir o eliminar derechos laborales, como vacaciones, gratificaciones o compensación por tiempo de servicios, a diferencia de lo que ocurrió con la derogada Ley Pulpín”, enfatiza Cuadros.
La combinación de alta informalidad, bajos ingresos y ausencia de cotizaciones previsionales tiene efectos macroeconómicos y fiscales: menor recaudación por salarios formales, menor capacidad de consumo sostenible y posibles brechas crecientes en la protección social futura.
El informe del INEI confirma que, aunque el 94,6% de los ocupados en Lima Metropolitana cuenta con algún tipo de seguro de salud, solo el 39,4% está afiliado a EsSalud —indicador directamente asociado al empleo formal—, mientras que casi la mitad (49,3%) depende del Seguro Integral de Salud (SIS), una cobertura mayoritariamente vinculada a la informalidad.
El diagnóstico del estudio es claro: la informalidad juvenil, cercana al 75%, explica muchas otras debilidades —bajos ingresos, ausencia de cotizaciones y alta rotación— y define la urgencia de una respuesta coordinada. Los datos del INEI confirman esta tendencia estructural: la PEA joven cayó más de 200.000 personas desde 2019 y la proporción de jóvenes adecuadamente empleados es menos de la mitad que la de adultos.
“Esta propuesta permitiría incentivar la contratación formal y estable de los jóvenes con una adecuada focalización y sin necesidad de recortar derechos laborales”, resume Cuadros.
La evidencia empírica del documento muestra que existe voluntad empresarial de incorporar jóvenes y que la capacitación funciona como palanca de inserción, pero falta escala y sistemas para convertir contrataciones puntuales en trayectorias laborales sostenibles. Sin esas políticas y prácticas, la “recuperación” del empleo seguirá siendo desigual y prematura para la generación que debería formar la columna vertebral del futuro mercado laboral peruano.

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