
El Proyecto de Ley N.º 11565/2024-CR, presentado por congresistas de diversas bancadas, declara de necesidad pública e interés nacional la nacionalización de Telefónica del Perú S.A.A., una de las principales empresas de telecomunicaciones del país. La propuesta se enmarca en el contexto del "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana".
El artículo 3 del proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá ejecutar la expropiación en un plazo máximo de 30 días calendario tras la entrada en vigencia de la ley. Esta acción implicaría la toma de control de acciones, activos y operaciones de la empresa.
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Además, se incluye en el proceso de expropiación a las filiales creadas entre marzo y junio de 2020:
El proyecto sustenta la nacionalización como una medida para:
La conectividad se presenta como un bien esencial para el desarrollo del país, por lo que se considera clave que el Estado tenga control sobre este sector.
El artículo 4 señala que el Estado deberá pagar una indemnización justa (justiprecio) por la empresa, tomando como referencia la última operación extrabursátil de venta del 99,3% de las acciones de Telefónica del Perú S.A.A.
Esto implica que, aunque se trata de una expropiación, el procedimiento deberá incluir una compensación económica acorde con el valor reciente de mercado.
Ahora bien, de aprobarse, esta propuesta marcaría un giro significativo en la política económica y de telecomunicaciones del país. El proyecto reabre el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos, las consecuencias para la confianza de los inversionistas, y el posible impacto fiscal de una nacionalización de esta magnitud.
A inicios de mayo, ya cuatro de los sindicatos de Telefónica habían recalcado la importancia de que la empresa de capital español sea transferida al Estado, con el fin de asegurar una administración pública y con estándares de transparencia.
“Ante esta situación, desde la Coordinadora Sindical de Telefónicos (CST) sostenemos que estatizar Telefónica representa la vía más justa y necesaria para ofrecer un servicio público eficiente, saldar las obligaciones pendientes y garantizar la continuidad operativa para más de 14 millones de usuarios que confían en nuestra labor, respaldada por más de 3.000 trabajadores directos y más de 35.000 tercerizados”, concluyeron.

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