Junta de Usuarios de Agua del Perú exige la salida del ministro Ángel Manero y del jefe de la ANA

Pese a que la agricultura es una actividad fundamental para la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental del país, el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, ha demostrado un débil liderazgo y una falta de capacidad en la promoción de políticas públicas relacionadas con el uso de la tierra, la gestión del agua y el comercio agrícola. Para el titular del Midagri, el agro debe ser visto como un negocio y no como una actividad tradicional o idealizada.

“Mucho mejor nos iría si le decimos al agricultor crudamente este es un negocio y si te va mal no le tienes que pedir nada al Estado. Si te va mal tienes que salir del negocio como pasa en cualquier otra actividad económica. Suena duro, pero son lecciones que tenemos que dárselas”, dijo Manero en aquella oportunidad.

PUEDES VER: Critican a ministro Ángel Manero por calificar a la pequeña agricultura como un negocio

Estas declaraciones que hizo durante un encuentro denominado “Jueves Minero” le merecieron el rechazo de diversos gremios agrarios y la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, quienes han convocado para este martes 13 de mayo un plantón con el objetivo de exigir su renuncia, junto a la del jefe de la Autoridad Nacional del Agua, José Genaro Musayón.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Según indicó el dirigente Américo Valderrama, la incompetencia del ministro Manero se evidencia en la falta de mecanismos de planificación, una baja ejecución presupuestal, el desempleo rural creciente, así como obras millonarias paralizadas o sin licencia social. En esa línea, indicó que han iniciado conversaciones con diversas bancadas en el Congreso para buscar su interpelación y posterior censura.

"Asimismo, se ha enviado un documento oficial a la Presidenta de la República solicitando la destitución tanto del titular del Midagri como del jefe de la Autoridad Nacional del Agua, debido a su evidente incapacidad para gestionar adecuadamente los problemas hídricos y agropecuarios que enfrenta el país", comentó.

PUEDES VER: Congreso: fracasa pretensión del fujimorismo de aprobar Ley Chlimper 2.0 con alto perjuicio fiscal

Rechazo a Ley Chlimper 2.0

En más de una oportunidad, la Convención Nacional del Agro peruano ha denunciado que el Midagri prioriza el modelo de explotación de grandes extensiones dedicado a la agroexportación. Dicha visión ha venido direccionando una serie de iniciativas que favorecen a este sector como su respaldo a la denominada Ley Chlimper 2.0, que tendría un costo fiscal de S/20.000 millones en 10 años.

Si bien el dictamen de la Comisión Agraria no progresó en el Pleno y fue derivado a la Comisión de Economía para una nueva revisión, existen una serie de grupos empresariales y políticos que insisten en su aprobación. Para Américo Valderrama, la norma ignora las necesidades de la agricultura familiar, que sigue sin acceso a créditos, tecnología y mercado.

"El ministro Ángel Manero ha impulsado propuestas como la llamada Ley Chlimper (Ley 27360), una norma que ha sido modificada pero que mantiene beneficios tributarios desproporcionados para las empresas agroexportadoras, especialmente a través de la reducción del impuesto a la renta”, anotó.

PUEDES VER: Congreso alista más beneficios tributarios: debatirán Ley Chlimper 2.0 y zonas económicas con 0% de impuesto

Y es que, según un informe técnico del MEF bajo la gestión de José Arista, entre las empresas beneficiadas se encuentran Camposol, Danper Trujillo, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícula, Complejo Agroindustrial Beta y Agrovisión Perú. Al menos cuatro de estas organizaciones forman parte de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), que se ha mostrado a favor de la Ley Chlimper 2.0.

En caso de no conseguir respuestas a sus demandas postergadas, los gremios agrarios alistan un paro nacional para el próximo 18 de junio. Entre los principales puntos de la plataforma de lucha se encuentran el rechazo a la nueva ley agraria y la exigencia de políticas públicas que fortalezcan a la pequeña agricultura.