34 años después: el modelo económico que dejó Alberto Fujimori
Impactos. Crecimiento del PBI y reformas fiscales se vieron eclipsadas por la flexibilización laboral y desregulación ambiental. Algunos especialistas señalan que el modelo económico de los 90 generó un país que profundizó las desigualdades.
Antes de iniciar su régimen dictatorial, Alberto Fujimori recibió un país sumergido en una hiperinflación que heredó de la gestión de Alan García. A ello hay que sumarle que la economía peruana enfrentaba altos niveles de desempleo, una caída en los ingresos tributarios y una persistencia del desequilibrio fiscal. En el inicio de este mandato, la inflación anualizada a julio de 1990 era de 4.778%, según el estudio de Alberto Pasco-Font referido a políticas de estabilización y reformas estructurales.
Frente a este complejo escenario, el ministro de Economía de entonces, Juan Carlos Hurtado Miller, anunció un paquete de medidas económicas para paliar esta situación. “El fujishock fue un plan de estabilización económica para frenar la inflación y arreglar las cuentas fiscales. En realidad, había otras alternativas y él hizo lo que había jurado no hacer. En el debate con Vargas Llosa, juró que no lo aplicaría, pero hizo lo contrario. Luego de eso, aplicó un paquete de reformas neoliberales como facilitar la entrada de productos internacionales, leyes especiales para inversionistas extranjeros, desregulación financiera, entre otras”, explica Pedro Francke, exministro de Economía.
Desde la otra orilla, el extitular del Ministerio de Economía (MEF) Luis Castilla asegura que la aplicación de este shock fue trascendental porque se logró la estabilización de la economía con una política de ajuste que logró vencer a la hiperinflación. Esta medida vino acompañada de otras para dotarle de autonomía al Banco Central de Reserva y la instauración de una nueva Constitución que transformó la realidad del país.
“Las leyes de desarrollo constitucional condujeron a una institucionalidad económica, más allá del BCRP. Hay tres o cuatro artículos clave: uno fue la clara definición de roles para el Estado y para el sector privado, basado en responsabilidades directas. En adición de ello, viene el rol subsidiario del Estado, que ha hecho que el fisco no asuma riesgos por las empresas públicas mal manejadas. Aparte, tenemos el artículo que le da protección constitucional a los contratos”, explica Castilla.
Sobre este último tema, el docente e investigador de CooperAcción José de Echave señala que el Perú es uno de los pocos países que tienen esta fórmula de contratos de estabilidad jurídica en favor de las empresas inversionistas, a nivel constitucional. Para el especialista, “a comienzos de los 90 podrían tener fundamento”, pero es discutible la permanencia de este esquema en la actualidad.
Conflictos mineros
El gobierno del exdictador Alberto Fujimori comenzó un proceso de privatización de las empresas del Estado en la década de los 90. A fines de 1992, se dio la venta de Hierro Perú al consorcio Shougang y posteriormente ocurrió lo mismo con Tintaya, la refinería de Cajamarquilla, Antamina, Metaloroya (Centromín) y la empresa minera Pargasha hasta 1999.
José de Echave reconoce que, si bien el modelo económico promovió un proceso de expansión de las inversiones mineras en los últimos 30 o 35 años, la conflictividad social también creció, al igual que la afectación de derechos de las poblaciones y los territorios. Dicha opinión es compartida por Pedro Francke, quien enfatiza además la existencia de estos problemas: las empresas transnacionales no pagan impuestos justos y obtienen sobreganancias.
Por su parte, Luis Castilla destaca que el auge de la inversión minera colocó al Perú como el segundo productor de cobre, cuyas empresas tienen una carga tributaria del 47%. Considera que el marco jurídico implantado por el gobierno de Fujimori “ha servido para atraer capitales y desarrollar un sector de clase mundial”.
Sin estabilidad laboral
La desregulación del mercado laboral se inició en 1991 con la Ley de Fomento del Empleo, que incorporó un conjunto de modalidades contractuales temporales y de plazo determinado. Un año después se redujeron los requisitos de sindicalización para la creación de estas organizaciones, se abolió la estabilidad laboral en la Constitución de 1993 y se despidieron a miles de trabajadores.
“En el gobierno de Fujimori hubo un ataque fuerte a los sindicatos y una negación de derechos laborales. Asesinaron a Saúl Cantoral, Pedro Huilca y otros dirigentes, así como despidieron a miles de trabajadores. Junto con eso, se promovió una legislación que facilita los despidos y la contratación temporal”, recuerda Francke.
Para explicar el impacto de las políticas de flexibilización laboral que implementó el fujimorismo, José de Echave pone el siguiente ejemplo: “Del total de los trabajadores mineros en el Perú (230.000), el 70% de ellos, no tienen una relación laboral con las empresas mineras. Solo un 30% tiene una relación directa”.
