El jueves 12 de enero, la comisión ad hoc que tiene bajo su responsabilidad establecer cómo se realizará la devolución de dinero a los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) tuvo su primera sesión del año, pero lejos de llegar a acuerdos en beneficios de los casi dos millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad se evidenció una actuación dilatoria por parte de los funcionarios que representan al Ejecutivo.
La comisión tiene actualmente en sus cuentas más de S/1.908 millones que puede empezar a devolver como adelanto de la deuda total a 1 millón 200.000 personas identificadas por sus meses de aportes. Dicha propuesta fue puesta a votación en la última sesión, pero el Ejecutivo votó en bloque y en contra.
Los cuatro votos son de tres funcionarios del MEF y uno de la ONP. Votan en bloque en contra de los fonavistas.
Los funcionarios señalan que las normas emitidas hasta hoy “no contemplan un pago parcial o un adelanto de deuda del Fonavi” como se lee en el acta; sin embargo, para los fonavistas las leyes tampoco lo prohíben teniendo en cuenta que antes ya se autorizó pagos adelantados, explica Jorge Milla, dirigente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf) y miembro de la comisión a La República.
Cabe recordar que en los primeros días del año, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, manifestó en el Congreso que la devolución se debe iniciar con el dinero que tiene la comisión, y que se reuniría con los miembros de este grupo para conocer qué hace falta, pero de acuerdo con el acta, esa reunión no se ha concretado por el contexto de conflictividad que vive el país.
El 15 de diciembre del 2022, se llevó a cabo la audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) donde el Ejecutivo sustentó su demanda contra el Congreso de la República, por aprobar la ley de devolución de aportes. En concreto, el Estado busca que se repongan solo los aportes de los trabajadores y no de los empleadores, con lo que la deuda se reduce abismalmente. Aunque se espera que el fallo del TC se haga público en las próximas semanas, los fonavistas preparan el contragolpe.
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“Nosotros tenemos preocupación porque creemos que hay todo un movimiento político sobre (los miembros del TC) para robarle al fonavista, por eso hemos decidido que si el TC vulnera el derecho de propiedad del fonavista vamos a ir a una corte supranacional”, precisó el dirigente. Agregó que de ser el caso, la corte demandaría que el Estado pague alrededor de S/500.000 para cada fonavista, lo que afectaría a la economía del país y cuya responsabilidad está en manos de los magistrados.