A fines de febrero, la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez, y el presidente Pedro Castillo firmaron un decreto supremo que modificaba el reglamento de la ley de tercerización laboral para eliminarla solo en los núcleos de negocio de las empresas.
El sociólogo e investigador laboral Enrique Fernández-Maldonado reconoce que este cambio es bueno porque busca acabar con la precarización del empleo, dado que las empresas que contratan a través de terceros “dan un mal uso y desnaturalizan” las condiciones de trabajo, al punto de que esta mano de obra no recibe beneficios sociales como la CTS y gratificaciones, pese a realizar la misma labor bajo las mismas condiciones que los contratados.
Controversia en el Ejecutivo por la tercerización laboral
El titular del Ministerio de la Producción (Produce), Jorge Prado, adelantó ayer que propondrán “algunos ajustes” a la normativa impulsada por el MTPE.
“Creo que vamos a tono con lo que (el Ministerio de) Economía está proponiendo. Esto (ajustes a la tercerización) podría tener impacto y hay que tener mucho cuidado en ello”, dijo.
Vale acotar que desde el MEF rechazaron este decreto, alegando que contraviene a la productividad y reducirá el empleo formal.
En ese sentido, Fernández-Maldonado explica que con la llegada de Óscar Graham al MEF las discrepancias se darán por el retorno a una tecnocracia neoliberal que no comulga con las políticas del derecho y protección de los trabajadores, bandera de la gestión Castillo.
A ello hay que agregarle las investigaciones recientes que vinculan a allegados de Acción Popular al Produce. “Incluso la propia (Maricarmen) Alva impulsó medidas que desprotegían a los trabajadores. Habrá que ver cómo se resuelve al interior del Ejecutivo este asunto”, sostuvo.