Hallan perjuicio de S/295 mil por vicios en facultad de la UNPRG

Lambayeque. Las irregularidades que se denunciaron en torno a la ejecución del Programa de Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación (Fachse) de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) por su vulneración a la Ley Universitaria y en perjuicio de estudiantes han sido confirmadas por la Contraloría, así como un daño económico de S/295 257.80.

Como se recuerda, en junio de 2019 este diario informó que directivos de la Fachse aprobaron un programa académico a través de los procesos de admisión 2017- I (450 vacantes) y 2017- II (320 vacantes) en locales no reconocidos por la universidad y sin la ratificación del rectorado.

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Es mediante el informe de control específico n.º 017-2019-2-0205-SCE que el Órgano de Control Interno (OCI) detectó que el entonces director de la Unidad de Segunda Especialidad, Walter Marcelo Vereau, solicitó la aprobación del proyecto de admisión del Programa de Segunda Especialidad al exdecano de la Fachse, Néstor Tenorio Requejo, quien mediante actos resolutivos aprobó la convocatoria de examen de admisión, el reglamento académico y el prospecto de admisión.

Sobre esto, el OCI afirma que los cursos del programa incluían ser ejecutados en la sede central (Lambayeque) y en los locales llamados oficinas de extensión, los cuales no tenían condiciones básicas de calidad exigidas en la Ley Universitaria y el modelo de licenciamiento de la Sunedu.

En esa línea precisa que el acto resolutivo de aprobación del programa no contó con la ratificación del rectorado con respecto a la ejecución de los cursos en las oficinas de extensión. Pese a ello el programa fue ejecutado por los directivos en mención.

Otro caso grave es que pese a los vicios en el lanzamiento del programa, la Unidad de Segunda Especialidad solicitó la generación de códigos de pago a los ingresantes del programa para que efectúen el depósito por conceptos de matrícula, pensiones y otros.

Sin embargo, los estudiantes tuvieron problemas para obtener su título profesional por la ilegalidad de las oficinas.

También se solicitó y autorizó la contratación de docentes, sus gastos de pasaje y viáticos para el desarrollo de actividades.