Niñas forzadas a ser madres

Camila —no es su nombre real— tenía 13 años cuando se enteró de que estaba embarazada. Fue el momento más terrible de un calvario que había comenzado cuatro años atrás, cuando su padre comenzó a violarla.

Durante las semanas siguientes, la muchacha, nacida en un pueblo de las alturas de Apurímac, repitió entre lágrimas que no quería tener al bebé. El personal del centro de salud de su comunidad y el del hospital de Abancay no quisieron escucharla a pesar de que el aborto terapéutico está permitido en casos como el suyo, en los que está en riesgo la vida y la salud de la gestante. Camila era una niña y las niñas de entre 10 y 14 años tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el embarazo y el parto. Además, había caído en depresión y tenía pensamientos suicidas. Su salud mental, golpeada por los episodios de violencia sexual sufridos, estaba cada vez peor.

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Camila no solo no recibió información sobre el aborto terapéutico, sino que en todo momento fue presionada a continuar con el embarazo a pesar de sus padecimientos. Por si fuera poco, después de sufrir un aborto espontáneo, la fiscal que investigaba el caso de la violación la denunció por el delito de autoaborto.

En agosto de 2018, casi un año después de descubrir que los abusos de su padre la habían dejado embarazada, Camila fue condenada por un juez. Los únicos fundamentos de la sentencia fueron sus afirmaciones de querer concluir la gestación y su historial clínico.

Camila fue víctima de su padre, pero también de un sistema que empuja a las niñas a ser madres aunque tengan 11 o 13 o 14 años y su embarazo haya sido producto de una violación.

Hace unos días, el Comité se pronunció. Determinó que el Estado peruano violó los derechos a la vida y a la salud de Camila. Que la respuesta que le dio a sus requerimientos de ayuda médica le provocaron graves daños físicos y psicológicos. Que fue revictimizada tanto por el personal médico como por los policías que fueron a su casa a presionarla para que continuara con el embarazo, y por los fiscales y jueces que la procesaron por autoaborto.

El Comité dictó una serie de medidas de reparación para Camila. Y, sobre todo, ordenó al Estado una serie de disposiciones de política pública que tienen por objetivo evitar que este tipo de violaciones a la salud y a la vida sigan ocurriendo. Porque lo que vivió Camila lo han vivido miles de niñas en el país. Y, según las últimas estadísticas, las víctimas son cada vez más.

Maternidad impuesta

“El dictamen del Comité de los Derechos del Niño demuestra los vacíos que existen en la atención a las niñas embarazadas víctimas de violación”, dice Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex. “Lo que sufrió Camila es algo que sería absolutamente inadmisible en cualquier circunstancia. La mayoría de los países abordan este tipo de situaciones con un enfoque centrado en la víctima, buscando no cortar su proyecto de vida, y eso incluye la posibilidad del aborto terapéutico. Pero, en el Perú, una niña embarazada producto de una violación deja de ser niña y es considerada madre y se le trata como madre. ¿Adónde van las niñas embarazadas? No al Hospital del Niño o al Instituto de Salud del Niño. ¡Van a la Maternidad!”, denuncia.

“Cada diez minutos nace un hijo o hija de una niña o adolescente en el Perú”, recuerda, por su parte, Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú. “En los últimos años estamos viendo un incremento de los nacimientos en menores de 10 a 14 años: de 1.158 que fueron en el año 2020 a 1.625 en el 2022. Y eso tiene un correlato con el incremento de los casos de violencia sexual en niñas de 10 a 14 años reportados por los Centros Emergencia Mujer (CEM)”, afirma.

Para Susana Chávez, una de las principales medidas que el Estado tendría que adoptar es la despenalización del aborto en todos los casos de embarazo infantil, disposición que ha sido ordenada por el Comité en su dictamen.

La directora de Promsex es consciente de que el actual Congreso, de mayoría conservadora, no aprobará una ley de este tipo. Por eso considera que el Ministerio de Salud podría dictar esta despenalización en la práctica especificando en la Guía Técnica de Aborto Terapéutico que las niñas embarazadas menores de 15 años tienen derecho a acceder a este procedimiento, ya que sus embarazos son de extremo riesgo.

“Es una decisión política”, subraya. Hugo González coincide en que la despenalización del aborto para embarazos infantiles sería una medida importante. Al mismo tiempo, él considera que se deben adoptar otras decisiones, como la eliminación del matrimonio infantil, que con frecuencia les da un escape legal a los violadores de menores, y la promoción de una educación sexual integral en las instituciones educativas, que, entre otras cosas, ayude a erradicar en los hombres los patrones discriminadores que les hacen pensar que pueden controlar el cuerpo de una mujer.

“La base del problema es la desigualdad de género, porque las niñas carecen de autonomía sobre sus cuerpos y los hombres adultos van y ejercen control del cuerpo de la menor”, dice.

La sentencia del caso Camila no es la primera de su tipo. En 2003, el Comité de Derechos Humanos de la ONU sentenció que el Perú violó los derechos de KL, una adolescente, a no ser sometida a torturas ni tratos crueles e inhumanos al negarle la posibilidad de abortar un feto anencefálico. En 2011, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer condenó al Perú por negarle el aborto terapéutico a LC, una niña víctima de violación.

Tras el caso LC, el Estado peruano decidió regular el aborto terapéutico. Susana Chávez espera que con el dictamen del caso Camila las autoridades también efectúen cambios que permitan que en el futuro las niñas embarazadas a causa de abusos dejen de ser forzadas a una maternidad que pone en riesgo su vida y su salud.