Las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo no podrán continuar su curso, ya que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no reabrió las investigaciones en su contra que inició e inmediatamente suspendió la extitular del Ministerio Público Zoraida Ávalos —en enero de este año—, debido a las reuniones acontecidas en la casa del pasaje Sarratea entre la empresaria Karelim López y el mandatario.
En este escenario, la magistrada del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma se mostró en contra de la decisión de Sánchez, por no atender el pedido del exdefensor del pueblo Walter Gutiérrez.
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La jueza constitucional aseveró, en una entrevista a Perú21, que “en ninguna parte de las atribuciones del Ministerio Público existe la excepción” de no investigar al jefe de Estado.
Pero aclaró que el artículo 117 de la Carta Magna “sí protege a la figura presidencial para que no sea acusado”.
“Es completamente diferente a ser investigado. En ninguna parte de la Constitución se señala que el presidente no puede ser investigado. Las investigaciones deben ser orientadas a una efectividad. Sino sería un poco cándido pensar que luego de que termine el mandato del presidente de la República se inicie la investigación cuando posiblemente los testigos y grabaciones ya no estén porque se diluyeron por razones del tiempo o la voluntad humana”, dijo Ledesma.
Asimismo, la letrada catalogó como una incoherencia que Ávalos asegure que los sucesos por los que se inició las diligencias contra Castillo sí han sido atendidos y ya son materia de indagación (Puente Tarata III y ascensos militares), pero que no comprometen al presidente.