
Una reciente sentencia judicial ha confirmado que en España las personas mayores de 52 años pueden acceder a la pensión de orfandad, siempre que acrediten una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez anterior al fallecimiento del progenitor. El fallo refuerza los derechos de quienes han estado excluidos por su edad.
El caso que marca precedente es el de un hombre de 61 años, que logró el beneficio tras demostrar su estado de incapacidad previo a la muerte de su padre en 2003. La resolución se ampara en el artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social y ha sido respaldada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Para acceder a esta excepción legal, la persona interesada deberá cumplir con varios requisitos establecidos por la Seguridad Social en España. Estos criterios deben ser verificados por el INSS:
Para 2025, el SMI en España se ha fijado en 16.576 euros anuales, umbral que sirve como referencia para determinar la falta de ingresos suficientes.
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La pensión de orfandad en España se calcula como el 20% de la base reguladora de cotización del progenitor fallecido. No obstante, hay situaciones donde la cuantía puede aumentar:
Cuando la muerte del progenitor ocurrió mientras estaba dado de alta en la Seguridad Social, se requiere que haya cotizado al menos 500 días en los últimos cinco años. Esta condición también aplica si se encontraba en situación asimilada al alta, como el paro o baja médica.
El artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social establece que los huérfanos con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, reconocida antes del fallecimiento del progenitor, tienen derecho a la pensión de orfandad sin límite de edad.
La sentencia judicial SJSO 1613/2024 resolvió a favor de un ciudadano de 61 años, cuya invalidez del 72% había sido documentada desde años anteriores. A pesar de haber intentado trabajar en 2009 como celador, fue declarado no apto y, en 2012, el INSS reconoció oficialmente su condición de gran inválido. Dado que la incapacidad ya existía antes de la muerte del padre en 2003, el tribunal avaló su derecho a cobrar la pensión.

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