Durante tres mil años, los geoglifos y otros restos arqueológicos de la antigua Lima soportaron terremotos, aluviones propios del fenómeno El Niño y radicales cambios climáticos; pero bastaron los meses de confinamiento por la pandemia para que traficantes de tierras y mineros ilegales estén a punto de arrasar con siglos de historia.
Así lo comprobó el sociólogo Alberto Temple del Valle, quien constató que los traficantes de tierras lotizaron sobre un antiquísimo y gigantesco geoglifo en forma de trapecio para construir un “parque porcino industrial” –todo un eufemismo para la instalación de chancherías–. Acompañado del ingeniero Juan Villa Orduña López recorrieron la quebrada Vizcachera y cerro Santa María, donde comprobaron la proliferación de socavones de minería ilegal, trochas para camiones y señales de lotización para próximas invasiones a vista y paciencia de las autoridades distritales de San Juan de Lurigancho y Chaclacayo.
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Para el arqueólogo Jonathan Palacios, experto en las primeras manifestaciones culturales de Lima prehispánica, “se trata de un paisaje sagrado. Un vasto territorio con una variedad de elementos de corte ceremonial, donde hace 2.800 años se realizaban una serie de ritos vinculados con la fertilidad y el culto al agua. Entre los distintos rasgos que aquí se encuentran, destacan los geoglifos, mayormente geométricos, pero, y en algunos casos, también de corte representativo”.
Palacios reconoce que “el tráfico escandalosamente inescrupuloso e informal de las tierras de la ancestral comunidad de Jicamarca ha hecho que los traficantes de terrenos, valiéndose de maquinarias pesadas, acondicionen caminos que perturban el paisaje, borrando extraordinarias evidencias arqueológicas y culturales que se mantuvieron imperturbables por siglos. Es una desgracia y una pérdida irreparable no solo para el conocimiento científico de nuestro milenario pasado, sino también como oportunidad de poner al servicio de la población nuevos atractivos turísticos, de mayor antigüedad aún que los de Nasca y Palpa”, sostuvo.
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Temple y Orduña presentaron la denuncia ante el Ministerio de Cultura y lograron una primera inspección que pudo comprobar la inminente destrucción de los sitios arqueológicos. “Esperamos finalmente que se declare su intangibilidad y se ponga orden en este territorio plagado de historia, pero ahora también de ilegalidad”, reveló Temple.
Sin embargo, Jonathan Palacios teme lo peor: “Por los escasos recursos que maneja el ente rector, es decir, el Ministerio de Cultura, estos extraordinarios testimonios del pasado están a punto de desaparecer sin registro oficial alguno. Como si nunca hubieran existido. Una pérdida que sería realmente irreparable”.