Con el título “Agenda educativa: avances y riesgos”, la Fundación Gustavo Mohme Llona y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reunieron en un webinar a tres especialistas para abordar aspectos álgidos de nuestro sistema educativo actual.
Los panelistas invitados fueron Patricia Salas, docente de la Universidad Nacional San Agustín, de Arequipa; Miguel Lizano, profesor del colegio José Olaya, de Piura y exdirector de la UGEL de Sullana, y Ricardo Cuenca, investigador principal del IEP y exministro de Educación. Moderó el debate Natalia González, investigadora principal del IEP.
Este evento forma parte del Proyecto Democracia, que lleva adelante la Fundación Gustavo Mohme Llona, cuya presidenta, Stella Mohme Seminario, saludó este debate.
“La tierra y la educación han sido históricamente dos grandes motivos de movilización y protesta social de las mayorías pobres del país”, dijo Mohme Seminario y recordó las luchas magisteriales en que se acompañaron con padres de familia.
“En el sistema educativo se han mejorado los indicadores de cobertura, pero aún es preocupante, sobre todo porque la brecha de desigualdad se ha incrementado”, enfatizó.
Asimismo, dijo que “no podemos dejar de mencionar los embates a la calidad universitaria que viene sufriendo la Sunedu por acciones interesadas de parte de empresarios y congresistas, y los atentados a los procesos de modernización de parte de fuerzas retrógradas instaladas en la política y el Congreso”.
En el encuentro, se buscó tratar cuatro temas, aunque, por el tiempo, solo se desarrollaron tres: el primero, carrera pública magisterial; segundo, cambio curricular y, tercero, plan de retorno a clases. El tema de la Sunedu quedó pendiente.
En cuanto a la carrera pública magisterial, Patricia salas señaló que las relaciones con el magisterio son más que una carrera pública y que debe ir, por lo menos, por doble vía. Una, laboral, donde está el desarrollo docente. Es decir, cómo, entre Estado y docente, encontramos los instrumentos para que conduzcan “a que los niños y niñas merezcan los mejores maestros posibles y los maestros merezcan las mejores condiciones para trabajar”. La sociedad y el Estado no pueden perder de vista ambas caras.
Con respecto al currículo, se subrayó que el aprobado el 2016, además de tener enfoques de derechos, es un currículo que ha entrado a la arena política, sobre todo por el enfoque de género y el tema de la memoria y la historia reciente que vivió el país, y que por esos dos temas se ha cuestionado todo el currículo.
“La discusión hasta antes de este currículo era especialmente técnica, una discusión muy pedagógica entre expertos y educadores. A partir del currículo del 2016, además de ser un instrumento técnico, es un instrumento político. Ahí se refleja la intencionalidad del Estado de formar a los ciudadanos, es donde empieza la discusión pública”, aseveró Ricardo Cuenca.
Con respecto a retornar a clases, no se puede regresar como si nada hubiera pasado. Además, habría que hacerlo con nuevos aprendizajes. Por la pandemia, los docentes deben abandonar la forma tradicional de hacer su trabajo.
“El retorno a clases pasa por solucionar el problema de la pandemia. Regresar a clases pasa por mirar todo un escenario que tiene que ver con la comunidad educativa, pero también con los padres de familia afectados por la pandemia”, subrayó Miguel Lizano.