Fiscalía de Colombia reactiva órdenes de captura contra cúpula de guerrilla ELN

La fiscalía de Colombia anunció este miércoles la reactivación de las órdenes de captura contra la cúpula de la guerrilla del ELN luego de un ataque sin precedentes recientes en la frontera con Venezuela, que deja más de 80 muertos y unos 32.000 desplazados.

"La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, revocó los beneficios de suspensión de las órdenes de captura que tenían, desde los años 2022 y 2023, 31 representantes de ese grupo alzado en armas", entre ellos los máximos cabecillas rebeldes 'Pablo Beltrán', 'Gabino' y 'Antonio García', según un comunicado.

También figuran miembros del equipo negociador del ELN en los diálogos de paz con el gobierno que iniciaron en 2022, pero que están suspendidos desde el viernes por decisión del presidente, Gustavo Petro.

Sus órdenes de detención entran en vigencia a partir de este miércoles, agrega el boletín.

- "Incumplimiento" -

Camargo justificó su decisión basada en "la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN", tras la escalada de violencia que desde el jueves sufre la región limítrofe del Catatumbo, plagada de narcocultivos, donde los rebeldes se enfrentan a sangre y fuego contra disidentes de las FARC y atacan a la población civil.

La fiscalía considera que la arremetida guerrillera supone un "incumplimiento de las condiciones para la suspensión" de las órdenes judiciales contra la cúpula guerrillera, una solicitud que había hecho el gobierno como un gesto de buena voluntad.

En agosto de 2022, pocos días después de asumir el poder, el presidente Petro pidió al ente acusador suspender las órdenes de captura contra 18 líderes del ELN, entre ellos el principal negociador de paz Pablo Beltrán.

Un segundo grupo de cabecillas, incluido el comandante militar Antonio García, se benefició de la misma medida en 2023.

Desde entonces, los jefes rebeldes podían transitar libremente por el país.

Pablo Beltrán incluso estuvo a finales de 2023 en un acto público en Bogotá, una ciudad que no había pisado en tres décadas viviendo en la clandestinidad.

La reanudación de las negociaciones es una incógnita. Petro suspendió los diálogos acusando al ELN de perpetrar "crímenes de guerra" en el Catatumbo y el lunes anunció que decretaría un "estado de conmoción interior" ante la creciente ola de violencia.

- "Control brutal" -

El enviado especial de la ONU para Colombia dijo este martes ante el Consejo de Seguridad en Nueva York que "el vacío de la presencia estatal" en zonas remotas facilita el "control territorial y social" de la población civil en el país sudamericano, por lo que instó al gobierno a implementar "a cabalidad" los puntos pactados en el histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016, que incluye aspectos estructurales sobre pobreza rural y exclusión.

"No debemos desfallecer, no debemos renunciar a la paz", expresó a la prensa el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo desde la sede de la ONU tras la reunión del Consejo. El gobierno, agregó, "hará todo lo necesario para que los responsables se puedan presentar ante la justicia".

En una alocución el martes, Petro consideró que la situación en el Catatumbo es "un fracaso de la nación". Desde su llegada al poder, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia apuesta por una salida dialogada al conflicto con guerrillas, pandillas y grupos narcotraficantes.

Pero la violencia tiene en jaque su apuesta de lograr al desarme de todos los grupos armados de Colombia, un plan que su gobierno bautizó como "paz total".

El miércoles, la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, aseguró en una declaración enviada a medios que "la crisis del Catatumbo debería ser un llamado de atención para la administración de Petro", cuya propuesta de paz total, aunada a la "falta de políticas eficaces de seguridad y justicia, han permitido a los grupos armados expandir su presencia y su control brutal" en comunidades rurales a lo largo de todo el país.

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