Víctimas de artefactos explosivos en Colombia aumentaron un 89%, dice CICR
Las víctimas de artefactos explosivos en el conflicto armado colombiano aumentaron en un 89% en 2024 en comparación al año anterior, aseguró el jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su informe anual.
La violencia interna de seis décadas en Colombia se intensifica en medio de embates guerrilleros y de grupos narcotraficantes, con ocho conflictos armados activos a lo largo del país, según la organización.
El "deterioro" del conflicto "alcanzó su punto más crítico en los últimos ocho años", advirtió el informe. En 2024, el CICR registró 382 violaciones al derecho internacional humanitario.
De las 791 víctimas de artefactos explosivos, un 67% estaban desarmadas, lo que supone "un impacto desproporcional sobre la población civil", dijo en una rueda de prensa Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia.
Los departamentos con más ataques de este tipo son Valle del Cauca, Cauca y Nariño (suroeste). Allí operan principalmente estructuras disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que dejó las armas tras un histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
En algunos de los territorios más violentos de Colombia, la organización ha detectado un "evidente incremento" en el reclutamiento de menores por parte de grupos armados irregulares, señaló el informe.
La utilización de niños y adolescentes "los expone a graves riesgos como violencia sexual, heridas o la muerte en combate", dijo Hamilton.
"El confinamiento de comunidades también se agravó de manera significativa", según el informe. Las prohibiciones a la movilización de la población civil aumentaron en un 89% en zonas remotas de Colombia frente a 2023. Según datos de la estatal Unidad de Víctimas citados por el Comité, unas 88.000 personas fueron obligadas a confinarse el año pasado.
El CICR detectó recientemente "una tendencia a ejercer un mayor control sobre la población y sobre el territorio" por parte de los grupos armados, dijo José Delgado, jefe de operaciones de la entidad.
Más de 117.000 personas fueron víctimas de desplazamiento individual y cerca de 41.000 tuvieron que huir de sus hogares en desplazamientos masivos.
El informe también revela un incremento en los ataques violentos al personal de salud que interviene en zonas de conflicto. En 2024, cinco trabajadores que prestaban atención médica fueron asesinados.
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