Investigadores surcoreanos avisan que detendrán al presidente el lunes como muy tarde
El equipo que investiga la declaración en diciembre de la ley marcial en Corea del Sur advirtió el miércoles que ejecutarán la orden de detención contra el presidente suspendido Yoon Suk Yeol dentro del plazo establecido hasta el lunes.
Un tribunal surcoreano aprobó la solicitud de emisión de esta orden contra el dirigente conservador después de que este desatendiera en tres ocasiones las citaciones de los investigadores para declarar en el marco de una causa por insurrección por decretar esa ley marcial.
El jefe de la Oficina de Investigación de la Corrupción, Oh Dong-woon, dijo que la orden se ejecutaría "dentro del plazo", que termina el lunes 6 de enero.
"Deseamos un proceso tranquilo sin perturbaciones importantes, pero también nos estamos coordinando para movilizar a policía y a personal", dijo a los reporteros.
Hasta ahora, los servicios de seguridad del presidente no han cooperado con los investigadores y han impedido que registraran las dependencias de Yoon.
Además, en el exterior de la residencia presidencial en Seúl, donde Yoon lleva encerrado varias semanas, están acampados tanto partidarios como detractores del dirigente conservador, suspendido de funciones por una moción de destitución del Parlamento.
El jefe de la oficina anticorrupción dijo que contemplan la posibilidad de que se organicen barricadas o se bloqueen puertas para evitar la detención, pero advirtió que este tipo de acciones pueden acarrear consecuencias penales.
El equipo legal de Yoon aseguró que la orden de arresto es "ilegal e inválida" y presentó un recurso reclamando que sea anulada.
Además de la moción de destitución del Parlamento, que está siendo ahora analizada por el Tribunal Constitucional para decidir si ratificarla o no, Yoon se enfrenta a acusaciones de insurrección, delito penado con cadena perpetua o incluso condena a muerte en Corea del Sur.
El dirigente conservador sumió al país en una grave crisis política al declarar por sorpresa una ley marcial en la noche del 3 de diciembre y enviar al ejército a la Asamblea Nacional para imponer su aplicación.
El mandatario impuso la medida alegando la supuesta amenaza de "las fuerzas comunistas de Corea del Norte" y "los elementos antiestatales" del país.
Sin embargo, con miles de manifestantes en las calles, los diputados opositores consiguieron penetrar en la cámara y hacer valer su mayoría para votar en contra de la ley y obligar al presidente a dar marcha atrás.
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